Sujeta a
investigación y a proceso penal por un gobierno de su propio partido, hasta que
logró la exoneración de un tribunal de apelación el mes pasado, la gobernadora
panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, niega que vaya a dar marcha
atrás en las decenas de causas penales que se le siguen al exgobernador César
Duarte, pero admite que la Operación Justicia para Chihuahua dejó de ser
prioridad.
En
entrevista con Proceso, Maru Campos, como se le conoce en su entidad, afirma
que su alianza para obtener el triunfo en los comicios del pasado 6 de junio no
la hizo con el exgobernador César Duarte Jáquez, actualmente detenido en
Estados Unidos, sino con el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y
con la excandidata priista a la gubernatura, Graciela Ortiz, por lo que
descarta cualquier tipo de pacto con Duarte.
La
gobernadora también reconoce que su equipo de abogados, encabezados por los
extitulares de la Procuraduría General de la República (PGR), Antonio Lozano
Gracia y Arturo Chávez Chávez, sostuvo al menos una conversación directa con el
exmandatario Javier Corral Jurado para tratar de frenar las imputaciones en su
contra, negociación que fracasó cuando Corral acusó a Campos de “ser socia” del
abogado Juan Collado, actualmente encarcelado y vinculado a proceso por lavado
de dinero, y de la secretaria de Desarrollo Social del sexenio pasado, Rosario
Robles, también detenida por imputaciones de desvío de recursos públicos en la
llamada “Estafa Maestra”.
“Solté la
carcajada. Le dije (a Lozano Gracia): nunca he conocido a ninguno. Viví muchos
años en la Ciudad de México, pero nunca conocí a ninguno de los dos”, revira.
Afirma que
las acusaciones penales en su contra por cohecho en el caso de “la nómina
secreta de César Duarte” fueron fabricadas entre 2016 y 2021, sin que jamás le
permitieran conocer la carpeta de investigación, y que el senador del PAN
Gustavo Madero le ofreció el 17 de noviembre de 2020, a nombre del gobierno de
Chihuahua, que se acogiera a un criterio de oportunidad para no ser enjuiciada.
“La única
vez que pude platicar con Gustavo Madero fue aquí, en un restaurante en
Polanco; ese día me ofreció el criterio de oportunidad. Corral también me mandó
ofrecer la diputación federal plurinominal a cambio de que no fuera candidata a
gobernadora. Corral no quería que fuera candidata, ¿cómo podía ser pilla para
ser candidata a gobernadora y no para ser candidata a diputada plurinominal?”
–¿Cómo se
lo ofreció Madero? Porque se supone que él no tiene intervención en un caso
judicial –se le cuestiona.
–Tampoco el
gobernador podía. El criterio de oportunidad sólo lo ofrece la fiscalía. Madero
era senador y él decía que con la detención de César Duarte iban a salir muchas
cosas y que yo iba a estar en problemas, así que me ofreció el criterio de
oportunidad antes de que me metieran a la cárcel. Y le dije: “Gustavo, no hay
nada, ¿cómo se te ocurre?”.
No
obstante, rechaza que vaya a perseguir al exgobernador Corral, a quien señala
directamente como el responsable de lo que califica como “una persecución
política” en su contra, misma que se habría maquinado con recibos falsificados
por parte del exfiscal César Peniche, según peritajes aportados por su defensa,
y los fallos de jueces de consigna que acataban las órdenes del actual
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Pablo Héctor
González Villalobos.
“El tema es
que no había justicia, era lo que el gobernador quería, se usaban las
instituciones, tanto la fiscalía como el Poder Judicial. Lo tengo que decir,
con mucho respeto a jueces, magistrados y al presidente del tribunal, a quien
conozco desde hace más de 30 años”, denuncia.
(Con información de Proceso)