Un amparo
condicionado de que no ingrese al país entregado en extradición por los Estados
Unidos, fue cocedido por el juzgado 8 avo. al ex gobernador de Chihuahua,
Cesar Duarte, -preso en una cárcel de la Florida- para que comparezca sin ser
detenido, ante las autoridades mexicanas, y enfrente los 21 juicios del fuero
común que ya han girado sendas órdenes de aprehensión.
No preocupa
a Chihuahua amparo obtenido por exgobernador
El
gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado, durante una conferencia de
banqueta efectuada en la Ciudad de Saucillo, al
ser abordado por periodistas por el amparo que lograran los abogados de Cesar Duarte, contesto
que no tiene ningún inconveniente y agregó que en cuanto Cesar
Duarte pise territorio mexicano el no tendrá ningún otro inconveniente y lo
pondrá tras las rejas.
"No
hay ninguna suspensión definitiva del amparo. En realidad es una resolución que
a nosotros no nos preocupa. Cuando él sea extraditado a nuestro país, lo recibirán
las autoridades correspondientes para su detención. Ni modo que la extradición
se vaya a producir sin nuestro conocimiento", declaró a medios de
comunicación en gira de trabajo por el municipio de Saucillo.
Duarte será
extraditado por 21 órdenes de aprehensión de juzgados del fuero común ni una
solo federal, aclaró el mandatario.
Dijo
desconocer cuál sea la motivación, o qué es lo que se pretenda derivar o
interpretar de esa "rara" resolución. Si es extraditado el amparo no fuenciona, señaló el Juzgado Colegiado en materia penal la cual lo aclaró sobre la resoluciuón de amparo otorgada por la jueza, María Dolores Núñez Solorio.
Corral
aclaró sin embargo, que "para las autoridades de Chihuahua no significa
ningún problema. Lo que nosotros buscamos es precisamente que él comparezca
ante los tribunales de Chihuahua. Porque es aquí donde se emitieron las ordenes de
aprehensión. Así que no tenemos por qué pensar que las autoridades de Chihuahua
no actuarán en su detención, lo harán".
El
Gobernador de Chihuahua, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la
Federación pueda atraer el caso, Corral negó tal posibilidad, "porque no
fue así la solicitud de extradición".
"Es
una orden de aprehensión emitida por una juez del Distrito Judicial Morelos,
del estado de Chihuahua, en el que hay varias causas de carácter penal por
peculado, desvíos millonarios de recursos públicos para su beneficio personal y
tendrá que comparecer ante los tribunales de Chihuahua", reiteró, Corral.
Javier
Corral puso el ejemplo que los procesos de extradición son procesos muy
concretos, procesos muy definidos, que son por la causa que se presenta y por
las órdenes de aprehensión en qué se sustenta.
Corral Jurado
fue más tajante: "En el juicio de extradición que se lleva a cabo en Los
Estados Unidos “No hay ninguna sola orden de aprehensión de carácter Federal en
el caso del ex gobernador en la solicitud del proceso de extradición",
manifestó.
Comentó que
hace poco más de un mes se vio el cierre de esa instrucción de la audiencia de
la juez de la corte de Florida, "en la que prácticamente adelantó por sus
propias palabras, que ella sí veía causa para acreditar y certificar el proceso
de extradición".
Por su parte el Octavo
Tribunal Colegiado en Materia Penal, rechazó conceder la suspensión de la
solicitud de extradición presentada por el gobierno mexicano ante las
autoridades estadounidenses.
Solo concedió
una suspensión “rara” al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, para que no
pueda ser detenido en cuanto pise territorio mexicano, más si es extraditado
por Estados Unidos a México el amparo no otorga tal protección de la justicia
federal, para que enfrente el juicio en libertad, no a lugar el amparo en caso de extradición.
El juicio de amparo solicitado por la defensa, subraya en la sentencia, que, la suspensión está condicionada a que no se haya recibido sentencia
condenatoria en el juicio de extradición que se lleva a cabo ante una jueza del
estado de la Florida en Los Estados Unidos.
Y los
requisitos continúan en el caso de que, si se ha cumplido con la orden de
aprehensión en su contra, lo que podría ocurrir en el avión que lo trajera al
país. Por lo tanto, si la orden se ejecuta antes de que Duarte llegue a México,
las autoridades deberán ponerlo a disposición de un juez de control de
Chihuahua, aunque su libertad provisional deberá decidirla el juez de amparo
del penal donde sea internado.

Las condiciones del Colegiado Federal:
I. Otorgar una garantía por dos millones de
pesos dentro de los cinco días siguientes a la notificación; algo relativamente
fácil.
II. Asistir
físicamente ante el juez de control responsable a fin de responder a los cargos
que se le atribuyen;
III. Acudir
las veces que sea requerido por la misma autoridad.
“La
suspensión concedida no surtirá efectos, si se sorprende a la parte quejosa en
la comisión de flagrante delito, si el acto reclamado proviene de autoridades
distintas a las señaladas como responsables o si los actos resultan ser
distintos al que se reclaman, o si se trata de actos posteriores a la
presentación de la demanda”, precisa la resolución.
La
solicitud deberá ser resuelta por una jueza federal de Miami para determinar si
cumple los requisitos del Tratado de Extradición México-Estados Unidos. D ser
así el amparo concedido por el juzgado 8avo no tiene ninguna valides.
A finales
de enero, la jueza Lauren Louis, de la Corte del Distrito Sur en Miami, puso
fin a la audiencia celebrada este martes sin emitir una decisión sobre la
entrega del exgobernador, aunque concluyó que responderá por escrito a la
petición del Gobierno de México.
SOBRE EL JUICIO QUE ENFRENTARA CESAR DUARTE
De acuerdo
a información publicada por el periódico capitalino de El Universal, en el cual se informa
que cinco cómplices de los desvíos millonarios realizados durante el mandato
del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, regresaron 19 millones 200 mil
pesos y se convirtieron en testigos colaboradores de la Fiscalía General de
Justicia del Estado (FGJE) para proceder contra el exmandatario.
De acuerdo
con las investigaciones encabezadas por el fiscal Cesar Augusto Peniche, el exmandatario mantenía
una supuesta nómina secreta, a través de la cual fueron desviados
aproximadamente mil millones de pesos del erario de Chihuahua.
Según las
pesquisas, el dinero fue entregado a más de 100 personas entre 2010 y 2016,
periodo en el que Duarte fue gobernador; los fondos provenían de las cuentas
bancarias destinadas al gasto operativo y pago de nómina de empleados
estatales.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, detectó que, de esas cuentas, mensualmente se emitían cheques de
5 a 20 millones de pesos que se depositaban en una empresa de traslado de
valores que hacía llegar el dinero de forma líquida a las oficinas de la
Tesorería estatal.
Este dinero
era resguardado en efectivo en una bóveda y se entregaba a funcionarios,
candidatos, dirigentes de distintos partidos políticos locales y nacionales,
medios de comunicación, periodistas, líderes sindicales, parientes y amigos de
Duarte.
Quienes se
acogieron al criterio de oportunidad fueron Fernando Reyes Ramírez, exdiputado
local por Movimiento Ciudadano (MC), quien regresó 2.4 millones de pesos;
Armando Cabada, actual alcalde de Ciudad Juárez y quien a su vez es candidato a
diputado federal plurinominal por Morena, regresó 4.3 millones de pesos.
También se
encuentran bajo esta Hortensia Aragón Castillo, exdiputada local y expresidenta
estatal del PRD, devolvió 2 millones de pesos, y Teokali Hidalgo, expresidenta
municipal del PRI en Chihuahua, quien regresó 500 mil pesos.
La FGJE ha
señalado que el dinero se entregaba en sobres o paquetes en las oficinas de la
Tesorería estatal o en el estacionamiento subterráneo de la misma, y sus
destinatarios firmaban recibos de puño y letra para amparar la entrega del
dinero.
Hasta ahora
la Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene registrados 470 recibos
firmados por 34 personas entre 2014 y 2015 por un monto de 172 millones 633 mil
pesos en total.
Al menos 14
exfuncionarios participaron en la entrega y recepción de 45 millones de ese
total de más de 172 millones.
Entre los
que no se acogieron al criterio de oportunidad que se extiende a testigos
protegidos del macro juicio que se le lleva en Chihuahua al ex gobernador Cesar
Duarte, por el desvío de más de 1500 millones de las arcas públicas se encuentra
María Eugenia Campos, la alcaldesa con licencia de la Ciudad de Chihuahua, que
de acuerdo a los recibos presentados por la Fiscalía General de Justicia del
Estado de Chihuahua recibió cerca de 8 millones de pesos.
Tampoco
quiso acogerse al programa de testigos protegidos el Senador Cruz Pérez
Cuellar, quien además es candidato en estos momentos a la alcaldía de Ciudad
Juárez por Morena, a quien Cesar Duarte entregara la cantidad de 1 millón 300
mil pesos, por lo que el gobierno del Estado interpuso un juicio de desafuero
ante el congreso, sin embargo, aún continua pendiente de resolución.