La suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer los amparos promovidos por Chihuahua, por el desvío de 250 millones de pesos, efectuados por el exgobernador prófugo Cesar Duarte en complicidad del secretario adjunto del PRI nacional y donde se involucra el mismo ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.
El Gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado, consideró que al resolverse el fondo de los amparos promovidos por el Gobierno del Estado se podrá conocer hasta dónde llega el único caso de corrupción política que ha sido documentado, oficialmente en México
El gobernador Javier Corral Jurado dio a conocer que la atracción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de los amparos promovidos por el Gobierno del Estado de Chihuahua sobre el caso Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, abre la oportunidad de ponerle fin a la impunidad que dirigió y consintió el expresidente Enrique Peña Nieto.
Recordó que los recursos jurídicos fueron presentados por el Gobierno del Estado, ante la componenda política que atrajo y federalizó la denuncia penal y administrativa que presentó la Fiscalía General de Chihuahua, por el desvío de 250 millones de pesos que se le imputó en primera instancia a Gutiérrez Gutiérrez.
“Por eso hoy es una gran noticia para el país, no sólo para Chihuahua, es una gran noticia para México, no sólo para los chihuahuenses, el que la Corte conozca de estos amparos que tienen que ver con el único caso de corrupción política que ha documentado el desvío de recursos públicos a una campaña electoral o a un partido político. Esa es la relevancia del caso “Alejandro Gutiérrez”, expresó el mandatario en conferencia de prensa.
Javier Corral expresó que la determinación de la Primera Sala de la SCJN abre la esperanza de que se ataje la impunidad y Chihuahua vuelva a conocer, no sólo por su carácter de víctima y principal agraviado, sino por la reposición del procedimiento de toda esa investigación, hasta dónde puede llegar ese caso de corrupción política.
La trama, de acuerdo a las investigaciones iniciadas por el gobierno del Estado de Chihuahua, en la cual la entonces Procuraduría General de la República atrajo el caso, Javier Corral, indicó que la componenda la orquestaron Alberto Elías Beltrán, anterior encargado del Despacho de la dependencia federal, así como los abogados defensores de Gutiérrez y el juez federal de la Ciudad de México, Gerardo Moreno García.
“Lo hicieron sobre dos supuestos inadmisibles en términos del Derecho: que como todo el desvío se había planeado en Ciudad de México e involucraba recursos de la Secretaría de Hacienda, eso hacía que el asunto se federalizara, modificando toda la teoría penal”, señaló el gobernador de Chihuahua.
“Los delitos se investigan donde se cometen, no donde se planean. Pero, además, decían que los recursos que fueron objeto de desvío eran recursos federales, cuando teníamos un dictamen de la Auditoría Superior de la Federación señalando que eran recursos de origen local”, agregó.
Dijo que con ello buscaron y consiguieron que la PGR se desistiera de los 21 cargos en los que se constituía la acusación penal y administrativa que hizo la FGE de Chihuahua.
Explicó que ante esa estrategia Chihuahua presentó dos amparos que recorrieron las instancias necesarias, hasta que llegaron a colegiados de Circuito y en esos últimos se solicitó a la SCJN que los atrajera para su conocimiento, debido a la relevancia constitucional de las actuaciones judiciales.
Indicó que la componenda la orquestaron Alberto Elías Beltrán, anterior encargado del Despacho de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), los abogados defensores de Gutiérrez y el juez federal de la Ciudad de México, Gerardo Moreno García.
El titular del Ejecutivo estatal dio a conocer que la FGE cuenta con elementos importantes para aportar a la investigación que realiza la Fiscalía General de la República al abogado Juan Collado, sobre delincuencia organizada y lavado de dinero.
Añadió que Chihuahua está lista para colaborar con esa indagatoria federal, lo cual se comunicará oficialmente por escrito en términos de un convenio de colaboración, pues “en ese sentido se abre la oportunidad de ponerle fin a esa impunidad, que promovió, que dirigió, que consintió Peña Nieto”.