Chihuahua— El estado de Chihuahua se ubicó como el quinto estado menos pacífico en el país, a causa del aumento de homicidios y delitos cometidos con arma de fuego a lo largo y ancho del territorio estatal, de acuerdo con el análisis Ãndice de Paz México 2019, en el que se advierte el incremento de la participación del crimen organizado en la tala clandestina como mecanismo de financiamiento para sus operaciones.
Esta actividad, asienta el estudio, resulta atractiva para los cárteles por ser un negocio lucrativo y una oportunidad de diversificar sus ingresos –que fluctúan según los precios de la amapola y la mariguana–, además de que libera más tierras para la producción de sustancias ilícitas.
Los primeros cuatro lugares en la lista corresponden a los estados de Baja California, Guerrero, Colima y Quintana Roo, pero en el caso de Chihuahua la posición representa un deterioro del 4 por ciento en los niveles de seguridad, en relación con el estudio del 2018, cuando ocupaba el sitio número siete.
El estudio establece que en el último año en Chihuahua los delitos cometidos con armas de fuego y de homicidios presentaron incrementos del 19 y 12 por ciento respectivamente. En contraste, las calificaciones de los indicadores de crímenes de la delincuencia organizada y delitos con violencia mejoraron 12 y un 4 por ciento en comparación con el año anterior.
Sin embargo, la evaluación precisa que a pesar de que el indicador de crímenes de la delincuencia organizada mejoró, posiblemente la presencia de cárteles no ha disminuido, sino que por el contrario, muchas de las actividades de estos grupos han mutado.
Por ejemplo, hay delitos perpetrados por el crimen organizado, como la tala ilegal, que a falta de datos disponibles no pueden medirse. Pero en contraparte existen evidencias de que en los últimos años se ha incrementado la tala ilegal en las zonas boscosas del estado.
Ese hecho ha sido reconocido en varias ocasiones de manera abierta por el fiscal general César Augusto Peniche, quien en mayo del año pasado declaró que el crimen organizado comenzaba a mutar y a buscar otras fuentes de financiamiento como la tala clandestina e incluso la piratería. En esa ocasión, en el municipio de Bocoyna la Fiscalía aseguró tres camiones cargados de madera, y seis personas fueron arrestadas.
En este año, en el mes de enero, Peniche Espejel reiteró su preocupación al observar que en la zona serrana continúa presentándose mucho movimiento de tala ilegal.
Por ello, refirió, además de colaborar con el Gobierno federal para detener el robo de hidrocarburos el Estado combatiría el clandestinaje que se produce en materia de explotación forestal.
Otro de los aspectos que merman los niveles de seguridad en es que desde el 2015 las tasas de homicidios se han duplicado ante el resurgimiento de la violencia.
En Juárez, por ejemplo, la tasa de homicidios de la ciudad se elevó 61 por ciento en el transcurso del 2018 en comparación con el año anterior, define el análisis.
Desde hace dos años Chihuahua ocupa el segundo sitio en los estados con niveles extremos de homicidio –más de 49 por cada 100 mil habitantes. En el 2017 la primera posición la ocupaba Sinaloa, y en 2018, Guanajuato.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional, durante el año pasado en el estado se registraron 2 mil 131 homicidios, mil 200 de los cuales se provocaron mediante el uso de un arma de fuego.
La violencia tuvo un impacto económico para el estado de 249.5 millones de pesos, equivalente a unos 56 mil pesos per cápita, es decir casi 30 millones de pesos más que los resultados que arrojó la evaluación anterior y que año con año elabora el Instituto para la Economía y la Paz.
El análisis mide las condiciones que privan en las 32 entidades federativas con base en cinco indicadores: homicidio, delitos con violencia, delitos cometidos con armas de fuego, cárcel sin sentencia, y crímenes de la delincuencia organizada.
Las calificaciones de los cinco estados que encabezan la lista fueron bajas prácticamente en todos los indicadores.
En el caso de Chihuahua la calificación final fue de 3.680, mientras que Yucatán, considerado como el estado más pacífico del país obtuvo 1.066 puntos. Una calificación más baja equivale a un mejor nivel de paz.