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Florestán

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Red Privada / « EL FIDEICOMISO DE MORENA Por Fernando Belaunzarán»
    Fecha: 24 de Julio del 2018 | Reportero(a) Manuel Cabrera

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EL FIDEICOMISO DE MORENA Por Fernando Belaunzarán
 

Los comienzos son importantes. La frase de Santiago Ramírez, introductor del psicoanálisis en México, se puede aplicar más allá de las personas: “infancia es destino”. Y si bien es verdad que Andrés Manuel López Obrador aún no toma posesión como presidente, la forma en cómo se resuelva el tema del fideicomiso creado para ayudar a los damnificados marcará su sexenio. Él lo decidió así al escalar el asunto y convertirlo en un conflicto político de alta intensidad al acusar que la sanción impuesta por el INE corresponde a una “venganza”.

Además, quiérase o no, servirá para establecer parámetros de la lucha anticorrupción en el próximo sexenio, el compromiso de campaña más reiterado por AMLO y la columna vertebral del cambio prometido. Lo ideal habría sido generar un amplio consenso en torno a ellos y aplicarlos sin distingos, pero el camino de la confrontación con el órgano electoral alienta la polarización y afecta la autoridad política y moral de quien se comprometió a asumir el liderazgo en la materia. En lugar de ser el buen juez que con su casa empieza, el virtual presidente electo recurrió a la victimización que tan buenos dividendos le dio como opositor, pero que no necesariamente le resulte igual ahora que está por asumir un poder sin contrapesos.

Aunque parezca increíble, la defensa legal de Morena es deslindarse del fideicomiso. Tras el sismo del 19 de septiembre, su entonces presidente nacional, Andrés Manuel López Obrador, informó que su partido daría la mitad de lo que recibe a los damnificados; unos días después, rechazando la vía que propuso el INE para no violar la ley que prohíbe la entrega directa de bienes por parte de los institutos políticos, anunció la creación del fideicomiso. Por cierto, ahí no se ha detectado un solo peso de los recursos públicos de dicho partido, pero en el primer debate presidencial, en marzo del presente año, AMLO volvió a afirmar que aportaron el 50% de la prerrogativa.

La simulación es evidente. El Consejo Nacional de Morena aprobó crear el fideicomiso y hasta puso cuotas de aportación a dirigentes, gobernantes y legisladores; el domicilio fiscal es el mismo que el de la sede nacional de ese partido; los fideicomitentes titulares y los “honorarios” son miembros de esa organización, así como la inmensa mayoría de quienes realizaron aportaciones rastreables -por cheque, transferencia o SPEI- y también quienes retiraron el dinero.

Por si lo anterior fuera poco, en diversos videos de promoción de la cuenta, el propio López Obrador dice con todas sus letras que el fideicomiso es de su partido. Resulta curioso que para defenderse contra la sanción del INE, la representación morenista sostenga que su líder mintió y engañó a los mexicanos. Pero en su descargo debo decir que resulta un insulto a la inteligencia desvincular al fideicomiso de Morena.

Pero lo peor del fideicomiso no es que quieran ocultar la eminente paternidad de Andrés Manuel López Obrador y su partido sino sus prácticas. Se desconoce el origen de más de la mitad del dinero, 44 millones de pesos fueron depositados en efectivo y con métodos irregulares propios del lavado de dinero, como lo es que un grupo de personas se forme varias veces en una sucursal para realizar muchos ingresos a una misma cuenta con montos reducidos. Muy delicado que no se sepa de dónde vinieron esos cuantiosos recursos.

Es verdad que el INE no encontró recursos públicos, pero no se puede descartar que los haya, al menos en parte, en el dinero de origen desconocido. ¿No pudieron venir de las subvenciones que reciben los grupos parlamentarios, cuya utilización carece de controles y transparencia? ¿O bien de las partidas de “apoyo a la labor legislativa” que, como vimos, usan hasta para comprar tintes para el cabello? ¿O de moches en las delegaciones gobernadas por Morena? Y se puede pensar aún peor. Por eso es que la legislación es muy estricta en cuidar el origen lícito de los recursos que usan los partidos.

La cosa no es mejor con los egresos de la cuenta, 64 millones de pesos fueron retirados en efectivo y por lo mismo no se puede tener certeza sobre su destino final. Lo único comprobable es que operadores y, peor aún, algunos candidatos de Morena cobraron cuantiosos recursos. López Obrador, que se supone no tiene nada que ver con el fideicomiso, y los responsables del mismo aseguran que se repartió a 27 mil damnificados. Es decir, afirman que durante la campaña otorgaron dinero a personas, lo cual está explícitamente prohibido, pues es una práctica identificada con la compra del voto que, por cierto, el propio AMLO denunció en 2012.

Para “defenderse”, difundieron videos de un puñado de damnificados de Jojutla que afirmaron haber recibido 2 mil 400 pesos y le agradecen a Andrés Manuel López Obrador el apoyo. Con eso se acredita el financiamiento paralelo y la utilización electoral de al menos una parte de los fondos, además de que se echa por tierra la justificación de la necesidad del manejo de efectivo, pues en ese municipio existen los servicios bancarios para hacer transferencias o giros. Y por si algo faltara, confiesan que pidieron copias de las credenciales de elector. Lo que siempre se ha condenado en el PRI, darle dádivas a los necesitados para inducir su voto, lo hace Morena con desparpajo.

Que el dinero sea privado, como se asegura, no puede ser pretexto para evitar la fiscalización. Los Amigos de Fox fue un fideicomiso de aportaciones privadas e hizo bien el entonces IFE en investigar y sancionar. Si queda impune el Fideicomiso de Morena se cae al suelo la fiscalización electoral, pues cualquier partido podría hacer uno propio con alguna causa filantrópica para recibir dinero sin controles y usarlo de igual manera, rompiendo la equidad y abriendo las puertas incluso al financiamiento criminal.

Espero que el Tribunal Electoral del Poder Judicial resista la presión del próximo presidente de la república. No es cualquier cosa. Tendrá el control del Congreso y con mucha facilidad podrá cambiar la Constitución, lo que significa que tendrá la capacidad de remover a los magistrados, así como a los consejeros del INE. Pero si sucumbe la autonomía a la fuerza presidencial será un muy mal augurio para la incipiente democracia mexicana que padece altos riesgos de restauración autoritaria.

La legitimidad de la próxima presidencia de Andrés Manuel López Obrador está fuera de toda duda y la sanción por defraudar la ley con el fideicomiso no la pone en riesgo; su triunfo fue contundente. Pero está por verse si su gobierno nacerá gozando de la misma impunidad del gobierno que se va o, por el contrario, habrá una sana rendición de cuentas desde su inicio, acreditando que todos somos iguales ante la ley. Y sí, infancia será destino.

Fernando Belaunzarán

 

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