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Municipios / « Suspende Judicatura a expresidente del STJ»
    Fecha: 09 de Diciembre del 2017 | Reportero(a) Manuel Cabrera

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* Investiga Fiscalía peculado de 7 mdp
Suspende Judicatura a expresidente del STJ
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La Fiscalía General del Estado de Chihuahua, tiene en sus manos una denuncia de hechos que está investigando en contra del magistrado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes por supuesto desvío de siete millones 123 mil 444 pesos, que se cometió durante su periodo como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, en la compra de una bóveda de almacenamiento digital.

 

Esta denuncia incluye también a varios funcionarios del Poder Judicial y del Gobierno del Estado que participaron en la adjudicación y la adquisición del producto, como el magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, Gerardo Villegas Madriles y Antonio Enrique Tarín García.

 

El Consejo de la Judicatura suspendió de sus labores a los magistrados Sepúlveda Reyes y Ramírez Alvídrez para no entorpecer la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado

 

La compra se hizo bajo las bases del “Fideicomiso 2211 para la Implementación de Justicia Penal en las Entidades Federativas” que instrumentó el Gobierno Federal en el 2014 para fortalecer el Sistema de Justicia Penal en los estados.

 

El Fideicomiso ofrece determinado monto para infraestructura y servicios, con la condición de que los gobiernos estatales aporten otro tanto.

 

El 1 de julio del 2015, el Gobierno del Estado de Chihuahua firmó un contrato de fideicomiso con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) para integrar un monto que en conjunto suma 14 millones 246 mil 888 pesos, para la adquisición de la bóveda de almacenamiento digital que contiene los videos y audios de las audiencias de juicios orales del Poder Judicial.

 

La mitad la aportó la Federación y la otra mitad el Poder Judicial, a través de la Secretaría de Hacienda. El Gobierno Federal hizo la aportación a través de Banobras.

 

Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes tomó posesión como presidente del Tribunal Superior de Justicia el 8 de diciembre de 2015 y tres días después, el 11 de diciembre, convocó a una sesión extraordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia donde planteó la conveniencia de aprovechar el fideicomiso para la adquisición de la bóveda de almacenamiento digital. El Pleno aprobó la afectación de los recursos del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia a través de un acuerdo.

No obstante, sin licitación pública de por medio, el proveedor Sistemas de Información, S.A. de C.V. (Infocom) le entregó al Gobierno del Estado dos facturas el 30 de diciembre de 2015, cada una por siete millones 100 mil pesos, monto que suma 14 millones 200 mil pesos.

 

Una factura indica el concepto “50% de anticipo del sistema integral de bóveda de información de acuerdo a especificaciones detalladas del contrato SH/AD/136/2015”.

 

La otra factura señala “50% restante del sistema integral de bóveda de información de acuerdo a especificaciones detalladas del contrato SH/AD/136/2015”.

 

Llama la atención que la Secretaría de Hacienda recibió ambas facturas un día antes de que iniciara el proceso de adjudicación.

 

Fue hasta el 31 de diciembre del 2015 cuando Ever Eduardo Aguilar Sandoval, en calidad de coordinador administrativo y de servicios de la Secretaría de Hacienda, envió el oficio al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Dirección de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, donde formula la investigación de mercado y establece que el procedimiento de contratación es la adjudicación directa.

 

Ese mismo día se emitió el acta de adjudicación directa para la adquisición de la bóveda de almacenamiento masivo en favor de la empresa Sistemas de Información, S.A. de C.V. (Infocom), “en virtud de que cuenta con la experiencia técnica y operativa para la realización del proyecto”. Firmaron Antonio Enrique Tarín García, presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado; Erik Manuel Hernández Aguilar, representante de la Dirección de Programas de Inversión de la  Secretaría de Hacienda y Ever Eduardo Aguilar Sandoval, coordinador administrativo y de servicios de la Secretaría de Hacienda.

 

Ese mismo 31 de diciembre de 2015 firmaron un contrato de adquisiciones donde se pacta el pago de 12 millones 241 mil 379 pesos, más IVA, por concepto de contraprestación, cuyo objeto es el suministro, instalación, configuración e implementación al Gobierno de un sistema integral de bóveda de almacenamiento masivo, estableciendo como fecha de entrega 30 días naturales posteriores a la emisión del fallo, determinando que el pago se realizaría en los 20 días naturales siguientes al cumplimiento del objeto.

Firmaron ese contrato Gerardo Villegas Madriles, como director general de Administración de la Secretaría de Hacienda y Javier Muruato Robles como representante de la empresa Sistemas de Información, S.A. de C.V. (Infocom).

 

El Tribunal Superior de Justicia transfirió siete millones 123 mil 444 pesos al Gobierno del Estado el 2 de febrero del 2016. La Secretaría de Hacienda transfirió esa cantidad a Banobras y esta institución hizo dos transferencias al proveedor los días 18 de abril y 3 de junio del 2016, cada una por siete millones 100 mil pesos.

 

El 27 de mayo de 2016 se realizó un acta administrativa para el cierre de los trabajos pactados, que firmó Javier Muruato Robles, administrador único de Infocom, y el magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, en su calidad de secretario ejecutivo del Centro Estatal para la Implementación del Sistema Penal, donde se hace constar que “los trabajos de suministro e instalación del equipo iniciaron y terminaron en tiempo y forma, de acuerdo a los calendarios establecidos dentro del proyecto”.

 

Además de encontrar irregularidades en la licitación y adjudicación de la bóveda, la Contraloría del Poder Judicial encontró también sobreprecio en el producto.

 

En principio, al consultar con la compañía IBM, distribuidor de la bóveda, salió a relucir que el producto adquirido está descontinuado, por lo tanto será imposible que el proveedor pueda dar el servicio de reparación y actualización en los diez años para los que se realizó el proyecto.

 

Además, al indagar con otras compañías, se encontró que ese tipo de bóvedas cuestan en el mercado 391 mil dólares, equivalentes a siete millones 864 mil 639 pesos, lo que da como resultado un sobreprecio de seis millones 335 mil 360 pesos, 45% del importe pagado.

Javier Contreras Orozco/OEM

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