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Cancionero Que viva el mambo FÉLIX CORTÉS CAMARILLO Cancionero     Que viva el mambo     FÉLIX CORTÉS CAMARILLO
La autoridad mexicana insiste en abundar en el cantinflismo que enriqueció la Chimultrufia.
Desde las más encumbradas instituciones del país se hace ostentoso desdén del cubre bocas que en todo el mundo es la esencial prevención para evitar la extensión del coronavirus, y las directrices que deben ser sugerencias y en realidad son de obligatoriedad han estado limitando la posibilidad de recuperar la actividad económica de cines, teatros, cantinas, bares y antros, dejando a cientos de miles de mexicanos sin empleo, ingresos y seguridad.


Contrapunto Lorenzo Meyer Contrapunto  Lorenzo Meyer
Con dos semanas de diferencia, la justicia mexicana le echó el guante a dos personajes que se pueden calificar de “peces gordos”. Uno es Emilio Lozoya Austin acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. El otro es José Antonio Yépez, “El Marro”, líder del cartel de Santa Rosa de Lima (CSRL), acusado también de lavado de dinero,

Francisco Rodríguez El demagógico “caudillo” y los yaquis desalmados Francisco Rodríguez El demagógico “caudillo” y los yaquis desalmados
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Rosas y Rosario más las mañaneras e informes presidenciales MANÚ DORNBIERER Rosas y Rosario más las mañaneras e informes presidenciales  MANÚ DORNBIERER
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Doctor en magia y equilibrismo Carlos Marín Doctor en magia y equilibrismo Carlos Marín
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Columna / « Criminalidad: ir a la raiz del problema EL DIARIO»
    Fecha: 18 de Septiembre del 2011 | Reportero(a) Manuel Cabrera

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Criminalidad: ir a la raiz del problema EL DIARIO
 
Aunque algunas acciones policiacas y la dinámica propia de la guerra entre cárteles han incidido en una tendencia a la baja de algunos delitos, los gobiernos se han desentendido en atacar de raíz el problema de la criminalidad.

Las condiciones económicas y sociales que incubaron el germen delincuencial permanecen prácticamente intocadas mientras que las autoridades concentran esfuerzos en el despliegue territorial de sus policías o en promover en el sistema judicial penalidades más altas que por sí solas no inhibirán el salto del ciudadano a la actividad criminal.

El Diario publicó entre semana que en apenas seis meses la Policía Municipal decomisó un total de 100 armas de juguete que fueron usadas en asaltos y casos de carjacking.

Detrás de ese dato duro hay un drama brutal: la gran mayoría de los detenidos optaron por esa opción, orillados por las condiciones socioeconómicas que enfrentan, sin importar que se estaban jugando ya no su libertad, sino la vida misma al soportar su actuar ilegal en un arma de juguete.

Resulta difícil pensar que a esos individuos que corrieron así el mayor riesgo de todos los posibles, pueda inhibirlos una prisión vitalicia o cualquier tipo de endurecimiento de la penalidad contra el delito.

Ahí está lo verdaderamente alarmante: de qué tamaño es la carencia de satisfactores básicos y la falta de oportunidades que arrastra a los individuos a jugarse así lo que se supone sería el bien más preciado.

En un contexto de hartazgo por el acecho permanente de los delincuentes y la multiplicación de víctimas y deudos es fácil encontrar públicos y escenarios –que no necesariamente representan una mayoría– que favorecen la vía del endurecimiento de las leyes para aumentar penalidades aunque con ello no se resuelva de fondo la problemática delincuencial.

En el propio Diario Digital, la aplicación de un sondeo arrojó que el 78 por ciento contestó afirmativamente a la pregunta ¿Crees que la pena vitalicia puede contribuir a disminuir los índices de inseguridad?

Otro 19 por ciento de los 4 mil 084 cibernautas que participaron en el ejercicio respondió que no porque “todo seguirá igual” y el 3 por ciento restante optó por “No, debe derogarse”.

El grupo de participantes en los sondeos de El Diario Digital tiene un perfil distinto –dentro de un sector minoritario con acceso a las tecnologías– y por lo tanto su opinión también puede ser diferente a la que tienen los lectores del periódico impreso o a la que prevalece en población abierta.

Pero aun cuando ese tipo de medidas fueran aprobadas por todas las mayorías sin adjetivación alguna, también es vox populli que antes de pensar en la aplicación de penas primero se debe hablar de investigación y detención de los responsables del delito.

Ahí es donde todavía se agazapa la impunidad. Sin investigación profesional que permita primero la integración de expedientes sólidos con todo tipo de pruebas y periciales, y después el rastreo y ubicación de los presuntos responsables para presentarlos ante los jueces, de poco servirá ajustar las penas. Intrascendente será el tamaño del castigo si no se tiene a quién aplicársele o si a pesar de haber un detenido no se presentan todos los elementos al juez para que aquél pueda ser sentenciado.

Tampoco el camino debe ser la claudicación plena del sistema garantista que blindaba a los procesados contra abusos e injusticias, allanando el camino para decisiones rápidas y fáciles de fiscales y jueces que pueden llevar a inocentes a pasar el resto de sus días en la cárcel.

Primero se revivió la declaración autoinculpatoria ante el Ministerio Público como prueba válida (aunque luego se retracte el acusado ante el Tribunal) y se amplió de 12 hasta 24 meses la prisión preventiva (para dar oportunidad que el MP investigue aunque en los hechos no mueva el estatus legal del inculpado) y ahora se deshace el sistema de tribunales colegiados que reducía el margen a la discrecionalidad y la corrupción de los jueces a la hora de dictar sentencias.

La ruta del endurecimiento de la ley alcanzó en el paquete de reformas de abril de este año a los menores infractores, aumentando el catálogo de delitos graves como candado para que no accedan a algunos beneficios de la reducción de penas.

Causa alarma que en medio de esa tendencia por privilegiar la “mano dura” se coloque contra la pared al grupo de menores de edad que tan vulnerable queda ante los tentáculos de la delincuencia cuando no hay otras puertas abiertas.

Los gobiernos de los tres niveles tienen una gran tarea pendiente por la problemática que en medio de esta vorágine criminal representa el fenómeno de los “ni-nis”, los menores de entre 14 y 19 años que ni estudian ni trabajan y se han convertido en semillero para los grupos delictivos.

Si bien se hicieron esfuerzos por ampliar espacios en secundaria y preparatoria y ya hay iniciativas en discusión (como la presentada por el gobernador César Duarte para extender el Servicio Militar y compensarlo económicamente a quienes no estudian ni trabajan) el hecho es que no se conoce aún un plan integral de apoyo a este sector poblacional que según expertos que presentaron el año pasado un estudio ante la Cámara de Diputados, alcanza los 70 mil individuos nada más en Juárez.

Eso sí, a diario surgen las historias con menores de edad involucrados en hechos delictivos, tanto en su calidad de víctimas como de victimarios.

Aunque no se trata de un juego de niños, algunos de ellos aparecen también como parte de la estadística de detenidos con armas de juguete de la que ya hicimos mención.

En ese camino de la ilegalidad unos se han topado con la muerte. El 15 de enero de este año un menor armado con una pistola de juguete recibió un balazo que le costó la vida, a manos de un policía encubierto después de intentar un asalto a una tienda Del Río, propiedad del empresario licorero Federico de la Vega.

Ahí está otro ejemplo de la violencia irracional que pueden desatar políticas de “mano dura” o del “ojo por ojo, diente por diente” contra presuntos delincuentes, con todo y que puedan ser justificadas por ciudadanos que han sido alcanzados en su entorno cercano por la actividad criminal.

En los hechos las tiendas de esa cadena se convirtieron en cámaras de aplicación de la pena de muerte para quienes optaron por el equivocado camino de la delincuencia, paradójicamente orillados muchos de ellos por las adicciones que, reconocido es por los expertos, empiezan con el consumo de drogas legales como el alcohol, eje principal del negocio de De la Vega y base de su fortuna.

Al menos una veintena de presuntos asaltantes murieron en los últimos tres años bajo la operación de policías encubiertos que en lugar de ser capacitados y equipados para inmovilizar o neutralizar ataques –en varios casos de menores armados con pistolas falsas– recibieron el aval de las autoridades para cumplir lo que parece ser una consiga: “mátenlos en caliente’.

Inaceptable que sea ese el destino final para los menores que ni estudian ni trabajan o los padres de familia que en entornos de carencias de todo tipo dieron el paso hacia la criminalidad embrutecidos por el alcohol o las drogas ilegales a las que éste los condujo.

El imbalance o desequilibrio químico que el alcohol genera en el cerebro de la persona que lo consume es exactamente igual que el ocasionado por cualquier otra droga ilegal, alterando significativamente su manera de actuar y poniendo en riesgo su propia integridad física y la de quienes le rodean.

Lo peor de todo es que en las colonias marginadas podrán faltar escuelas, hospitales o parques, pero no ese tipo de tiendas que venden cerveza y que, como ya lo ha documentado El Diario, operan incluso violentando las leyes vigentes en materia de alcoholes ante el disimulo de las autoridades.

Por todos lados se reproduce esa abulia oficial en perjuicio de los grupos más vulnerables. Aunque en la Mesa de Infancia y Juventud que dentro del programa “Todos Somos Juárez. Reconstruyamos la ciudad” quedó plenamente diagnosticado el problema de los “ni-nis”, han sido insuficientes los recursos públicos que el Gobierno federal ha bajado para atenderlos con infraestructura deportiva, recreativa y educativa, empleo, cuidado diario y rehabilitación en caso de adicciones.

Tampoco durante su primer año de gestión, los gobiernos a nivel estatal y municipal especificaron con qué programas y obras, y con qué base presupuestal trabajarían para que esos menores dejen de ser carne de cañón para los cárteles de la droga.

La Red de la Infancia, que aglutina organizaciones civiles con trabajo a favor de menores en situación vulnerable, ha clamado hasta hoy en el vacío para que los gobiernos etiqueten un porcentaje mínimo de sus presupuestos anuales a la atención de la primera infancia.

Cuando se elaboró el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2012 diputados federales de Chihuahua y la administración estatal presumieron haber conseguido para Ciudad Juárez una partida extraordinaria de mil millones de pesos que se destinarían a obras y programas de tipo social y en apoyo a los sectores más desprotegidos pero el recurso nunca llegó.

Ante la crisis financiera la partida se achicó a 220 millones (resultó que la proyección de mil millones se hizo en base a un esquema de bursatilización inviable por la situación financiera actual) y ese dinero además se etiquetó a equipamiento y programas de seguridad pública que todavía no se aplican, desdeñando la cuestión social.

Desgraciadamente el incumplimiento ha sido una constante en la estrategia de intervención que se supone atacaría en el origen el problema de seguridad. Ni las grandes obras hospitalarias ni las de infraestructura educativa se han concretado y si bien se han rehabilitado o construido algunos parques y centros comunitarios, son exiguos ante la magnitud del rezago.

Es hora que el restablecimiento del tejido social deje de ser mera retórica de los gobernantes y que el abatimiento del déficit de infraestructura se acompañe de esquemas de operación que incluyan una verdadera participación ciudadana.

Tampoco puede dejarse fuera de la ecuación la estrategia fiscal y de apoyo financiero que blinde los empleos vigentes y genere otros nuevos porque de poco servirían obras y planes de recuperación de espacios públicos para una ciudad muerta económicamente.

Si no se apuntalan los pilares sociales y económicos de la ciudad, finalmente se vendrá abajo cualquier estrategia de seguridad, sin importar que ésta sea espectacular por la detención de algún cabecilla de los cárteles o por seguir la tendencia de endurecer la ley.
 

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