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Chihuahua / « Casa de Gobierno es ahora cuartel contra César Duarte»
    Fecha: 16 de Julio del 2017 | Reportero(a) Laura Nubia Carmona

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Casa de Gobierno es ahora cuartel contra César Duarte
Casa de Gobierno es ahora cuartel contra César Duarte

 
 Ironías de la vida: la Casa de Gobierno, desde donde César Duarte operaba los negocios turbios de los que ahora lo acusa la actual administración, es el centro de operaciones de un grupo especial de la Fiscalía General del Estado y funcionarios, que investiga los detalles de los actos de corrupción del pasado, que le costaron al erario unos 6 mil millones de pesos.
 
“Aquí era donde estaba el teje y maneje… y desde aquí ahora se desteje”, dice uno de los funcionarios estatales relacionado con la investigación de los actos de corrupción del sexenio pasado, quien ha sido convocado a constantes reuniones en el lugar, que sigue funcionando como una instalación pública con altas medidas de seguridad y con personal que reporta directamente al despacho del fiscal general César Augusto Peniche y del gobernador Javier Corral.
 
El inmueble que la administración de Corral anunció que remataría, lo que no ha hecho porque no se ha encontrado cliente que pague los 35 millones de pesos con lo que fue valuada oficialmente, fue la residencia de Duarte y su familia desde las primeras semanas de su gobierno, pues no tenía casa en Chihuahua y recurría a un exclusivo hotel desde que estaba en campaña cuando tenía que despachar asuntos o descansar en la capital del estado.
 
En esa casa, el entonces gobernador recibió el poder real, fuera de los actos protocolarios, de parte de su antecesor, José Reyes Baeza, así que fue donde comenzó a tomar las decisiones de su gobierno, desde las estrictamente administrativas hasta las que iban más allá de sus facultades legales, que ejercía por su carácter de gobernador.
 
En la casa, recuerda uno de los exfuncionarios de la administración pasada, se planeaban en reuniones desde las iniciativas de reformas que debían pasar por el Congreso del Estado, la ruta y los plazos de cada modificación a la ley, hasta la definición de las candidaturas del PRI, su partido, y la forma de influir en las decisiones de los otros partidos.
 
“También las negociaciones para ver qué iba a pedir cada partido se realizaban, se citaban en el despacho del gobernador o en la sala de juntas, a veces atendía hasta dos o tres dirigentes de partidos por separado, pero casi al mismo tiempo en diferentes habitaciones, y llamaba a los funcionarios del gabinete para dar instrucciones”, asegura. “No todo era ilegal, mucho era política, diálogo, búsqueda de acuerdos, ofrecer algo a cambio de algo. Pero también había transas, por cumplir caprichos de alguien que representaba uno, dos, tres votos en el Congreso, por ejemplo”.
 
EL CONTROL DE LOS CARGOS ADMINISTRATIVOS
 
Los últimos meses del año 2010, a partir de testimonios de exfuncionarios estatales y las investigaciones que tiene en curso la Fiscalía General del Estado, Duarte los dedicó a instalarse en la residencia oficial y comenzó el 2011 con un conocimiento total de la administración estatal. Desde ese año, el primero en que diseñó su propio presupuesto, ordenó algunos negocios, pero sobre todo comenzó a controlar algunas dependencias fundamentales: en la Secretaría de Hacienda, que encabezaba Christian Rodallegas, la Secretaría de Salud de Sergio Piña Marshall y la Secretaría de Educación, donde nombró a Jorge Mario Quintana Silveyra, entre otras, designó mandos medios incondicionales, algunos con parentesco familiar, para la revisión administrativa de las áreas y el reporte directo a su oficina.
 
Era en la Casa de Gobierno donde comúnmente Duarte desayunaba con los directores administrativos de dichas dependencias, pues los secretarios atendían los asuntos de protocolo y diversos encargos del gobernador, pero los flujos de dinero eran vigilados por él personalmente, por los funcionarios que había designado: Carlos Hermosillo, diputado federal fallecido en un accidente; Enrique Antonio Tarín, Gerardo Villegas, Sergio Medina, actualmente presos acusados de peculado, entre otros.
 
Las disposiciones administrativas que pasaban incluso por encima de los secretarios del gabinete estatal, investigadas por las sospechas generadas, se incrementaron hacia finales del año 2011 y principios de 2012, cuando se aproximaban las elecciones federales en las que el candidato priista Enrique Peña Nieto, arrasó en el estado de Chihuahua, con Duarte como coordinador real de la campaña en la entidad y Enrique Serrano, entonces líder de la mayoría del PRI en el Congreso del Estado y después presidente municipal de Juárez, fungía como coordinador formal de dicho proyecto.
 
SEÑALES DE CORRUPCIÓN POLÍTICA
 
En la audiencia de vinculación a proceso de Sergio Medina Ibarra, exdirector de Adquisiciones del gobierno de Duarte, el Ministerio Público que lo acusaba presentó el testimonio de un testigo protegido, quien aseguró que el exgobernador habría dispuesto de 22 millones de pesos para comprar a los diputados locales de la pasada legislatura, para aprobar en el Congreso del Estado la bursatilización por 6 mil millones de pesos, la última del sexenio con la que el exmandatario saldó algunos de los compromisos de su gobierno.
 
Durante la audiencia de vinculación a proceso de Medina Ibarra, del 16 de junio pasado, el agente del Ministerio Público dio lectura a las declaraciones de un testigo protegido, que aseguraba que en la oficina del exdirector general de Administración, Gerardo Villegas, se habían llenado las maletas con billetes para ser entregadas en la Casa de Gobierno, la sede de la operación de Duarte.
 
“Está cab… estar sacando tanto, no tiene llenadera”, habría dicho Villegas, según la declaración del testigo del Ministerio Público. “Está de la ching… estar llevando el dinero en la camioneta cada vez que lo pide”.
 
En otra audiencia, otro testigo había citado palabras de otro exfuncionario preso, Antonio Tarín García, en el sentido de que ya no quería ir a la Casa de Gobierno, porque siempre era para entregarle dinero a Duarte, producto de maniobras ilegales en las dependencias, o recibir instrucciones para sacar más.
 
AHORA DESDE AQUÍ SE DESTEJE LA RED
 
Desde hace más de dos meses, la Casa de Gobierno tiene actividad todos los días. Las primeras semanas de la administración de Javier Corral, el inmueble se abandonó, sólo se dejaron a unos guardias en la caseta que vigilaban unos vehículos de lujo y una ambulancia estacionada en el lugar. Estaba prácticamente vacía, salvo el mobiliario indispensable, igual en el área de oficinas.
 
Actualmente todos los días llegan vehículos oficiales del Gobierno del Estado, con funcionarios altos, medios y auxiliares, que sostienen reuniones de seguimiento de la llamada Operación Justicia para Chihuahua, que consiste en judicializar todos los casos de corrupción del sexenio pasado.
 
Las órdenes, dicen funcionarios actuales, no salen de aquí, vienen del Palacio de Gobierno, del despacho del gobernador Corral, pero es en la casa donde se operan y se ejecutan, en la más absoluta secrecía, tanto que nadie sabe decir si personalmente ha estado el mandatario en el lugar en alguna ocasión. Lo que sí es cierto es que la actividad aumentó y también la vigilancia del inmueble y sus alrededores, por el tesoro de información que se supone se resguarda en ese lugar. La movilización ha hecho pensar a vecinos que tal vez Corral cambió de opinión y no rematará la casa, que la habrá de ocupar como residencia oficial, pero la explicación es otra, es porque el inmueble es la base de operaciones de quienes investigan la corrupción del gobierno pasado.
 
En la sala de juntas, señalan, en un pizarrón se enlistan los casos, se reparten tareas específicas, se apuntan los pendientes para cumplir la encomienda prioritaria de Corral: enviar ante la justicia a los exfuncionarios del régimen pasado que incurrieron en actos de corrupción.
 
Francisco González es el agente del Ministerio Público a cargo de las investigaciones, es el que opera todo lo relacionado con la estrategia jurídica y también, aseguran los que han acudido, el que se encarga de aterrizar a los políticos de la administración de Javier Corral, que a veces comienzan a desvariar entre las historias de corrupción y cinismo del sexenio pasado y se olvidan de aportar datos, pruebas, documentos, evidencia concreta para sustentar las acusaciones, porque el tiempo se va volando y los jueces, aunque han sido generosos con el nuevo amanecer, también son muy exigentes.
 
Por estos escritorios de la resucitada Casa de Gobierno se supone que han pasado las órdenes de aprehensión obsequiadas por los jueces locales, se han ubicado domicilios y personas y se han planeado los operativos muy discretos para acudir a ejecutarlas, pues la seguridad y discreción que brinda el lugar no se tiene en cualquier instalación de gobierno.
 
Por la Casa de Gobierno se han visto el fiscal César Augusto Peniche, el consejero jurídico Maclovio Murillo y la secretaria de la Función Pública, Rocío Stefany Olmos, entre otros secretarios, directores y contralores de las dependencias, cada uno con su tema en tareas de organización de los procedimientos del MP.


https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/chihuahua/665061-casa-de-gobierno-es-ahora-cuartel-contra-cesar-duarte

 

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