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Cancionero ¿Y si Adelita se fuera con otro? FÉLIX CORTÉS CAMARILLO Cancionero     ¿Y si Adelita se fuera con otro?     FÉLIX CORTÉS CAMARILLO
A propósito del día del Ejército y del sospechoso retraso legislativo de la ley de seguridad nacional, el usual lenguaje zalamero cuando de las fuerzas armadas se trata se ha intensificado. De la misma manera, el discurso agresivo en contra de soldados y marinos mexicanos se ha hecho más burdo. Repetidamente el Presidente Peña ha rechazado las agresiones verbales en contra de las fuerzas armadas, aún sin identificar su origen. Yo sí lo hago.

Joaquín López-Dóriga Peña, gasolina, Carstens y Murat Joaquín López-Dóriga Peña, gasolina, Carstens y Murat



Esta semana ha iniciado cargada de información que va del encuentro del Presidente, ayer en Los Pinos, con una veintena de periodistas, al anuncio de que Agustín Carstens no deja el Banco de México el 1 de julio, como había dicho, sino en noviembre, a la aberración de llevar a José Murat a la dirigencia de lo que queda de la CNOP del PRI, no obstante haber estado sujeto de expulsión del partido en noviembre de 2010, haber operado la campaña electoral de Javier Duarte y ser un mentiroso contumaz.


José Cárdenas No más “gasolinazos”, promete Peña José Cárdenas No más “gasolinazos”, promete Peña
Evitar sobresaltos abruptos en el precio de los combustibles, efectos nocivos a la economía y daños políticos colaterales, son compromiso del gobierno federal, por lo menos hasta donde le salgan las cuentas....


Para entender el "gasolinazo" Carlos Marín Para entender el "gasolinazo" Carlos Marín
Para los más pobres, unos 17 millones de mexicanos y otros casi 40 menos jodidos, deben ampliarse los apoyos del gobierno.

Sin embargo, asumo que los bienes y servicios para el resto de la población se le deben cobrar en lo que valgan.

La cosmogonía de Toluca Raymundo Riva Palacio La cosmogonía de Toluca Raymundo Riva Palacio
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Hoy, en un acto sin precedente, la Procuraduría General de la República pedirá perdón y hará la declaratoria de inocencia de Alberta Alcántara, Teresa González Cornelio y Jacinta Francisco Marcial, tres mujeres a las que la PGR acusó falsamente y tuvo en la cárcel varios años por supuestamente haber secuestrado a agentes de la AFI.


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Políciaca / « Geografía del horror; encabezan narco y fuerzas del orden escándalos»
    Fecha: 13 de Diciembre del 2016 | Reportero(a) Laura Nubia Carmona

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Geografía del horror; encabezan narco y fuerzas del orden escándalos
Geografía del horror; encabezan narco y fuerzas del orden escándalos

 
 Sitios como Uruapan, San Fernando,  Allende, Iguala-Cocula, Tlatlaya y Tanhuato pasaron de ser un punto más en el mapa a lugares donde las miradas del mundo se fijaron en los últimos años por excesos del narco y de las fuerzas del orden.

Célebres por descabezamientos, masacres de migrantes, desaparición de estudiantes y ejecuciones sumarias, la geografía del horror en México acompaña la llamada guerra contra el narco iniciada en 2006.
 

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En dicho año, Michoacán era gobernado por el perredista Lázaro Cárdenas Batel, cuando se registró el crimen más emblemático de la violencia que azotaba la entidad; era la madrugada del 6 de septiembre cuando un grupo de hombres armados llegaron hasta el bar Sol y Sombra, hicieron disparos al techo del establecimiento y luego arrojaron seis cabezas humanas a la pista de baile.
 
Según las crónicas periodísticas de aquel día, los restos humanos fueron sacados de dos bolsas negras y un individuo, quien parecía estar al mando del comando, colocó una cartulina blanca que contenía el siguiente texto: “La familia no mata por paga. No mata mujeres, no mata inocentes, sólo muere quien deve (sic) morir, sépanlo toda la gente, esto es justicia divina”.
 
Fue la aparición pública del cártel conocido como La Familia Michoacana, encabezado entonces por Nazario Moreno González, El Chayo (muerto) y Jesús Méndez Vargas, El Chango (preso).
 
En periódicos europeos llamaron a Uruapan como “una aldea”, cuando en realidad se trata de la segunda ciudad más importante de Michoacán y la más importante en materia económica; de ahí sale la mayor producción de aguacate de exportación.
 
La decapitación de seis personas, su exhibición pública en un bar de “mala muerte”, fue a finales del gobierno de Vicente Fox, Felipe Calderón fue declarado presidente electo, un día después de la tragedia.
 
Excolaboradores de Felipe Calderón Hinojosa confiaron a Excélsior que la barbarie del bar Sol y Sombra fue la principal motivación para iniciar, en su tierra natal, la Operación Conjunta Michoacán.
 
San Fernando
 
El 24 de agosto de 2010, la Secretaría de Marina dio a conocer que personal naval que realizaba operaciones en las inmediaciones de San Fernando, Tamaulipas, repelió una agresión por parte de integrantes de la delincuencia organizada.
 
Los hechos se derivaron después de que en un puesto de control carretero arribó un hombre, con el fin de solicitar apoyo médico, ya que presentaba una herida por arma de fuego.
 
Dicha persona denunció haber sufrido tal agresión por parte de miembros de un grupo delictivo, en un rancho cercano al lugar donde se encontraba el puesto de control.
 
Al llegar al lugar fueron recibidos por sicarios, algunos de los cuales fueron sometidos y otros muertos.
 
Sin embargo, la sorpresa estaba por venir, pues en el rancho se encontraron los cuerpos sin vida de 72 migrantes de centro y Sudamérica (58 hombres y 14 mujeres), quienes murieron a manos de Los Zetas.
 
Ese fue el inicio del hallazgo de más cuerpos de migrantes en el municipio; en abril de 2011 fueron hallados otros 193 cuerpos en fosas clandestinas, lo que lo colocó en el mapa mundial del crimen.
 
A seis años de la primera masacre de migrantes centroamericanos en el municipio de San Fernando, Tamaulipas aún recuerda y lucha por superar aquellos hechos de las fosas clandestinas con cuerpos de migrantes muertos; los habitantes que huyeron ya comenzaron a regresar y la actividad comercial despierta.
 
El otrora municipio violento aún enfrenta situaciones de riesgo, pero cada vez son menores, de acuerdo con las autoridades, quienes reconocen que sucesos cómo los de los años 2010 y 2011 en esa localidad no deben repetirse.
 
Aquel éxodo de habitantes de esa localidad, que fue calculado entre 10 y 12 mil personas, paulatinamente vuelven a sus hogares para reintentar rehacer su vida con la confianza en las nuevas autoridades estatales y municipales, quienes se han comprometido a devolver la paz y tranquilidad.
 
Allende
 
El país no había digerido la masacre en San Fernando en 2010, cuando el 18 de marzo de 2011, un comando de Los Zetas ingresó a Allende, Coahuila; buscaban vengarse de dos personas que habían abandonado al grupo delictivo y que presuntamente los habían traicionado.
 
En 48 horas, según cifras oficiales, desaparecieron a 42 personas, pero habitantes hablan de hasta 300.
 
Los narcos sacaron de sus viviendas a los allendenses quemaron  y destruyeron 46 casas. Hoy habitantes narran como vivieron la violencia en carne propia; muchos tuvieron que abandonar sus hogares, sus familias, sus comodidades y emigrar a Estados Unidos para salvar su vida, ya que la consigna era acabar con las familias que habitaban el municipio de Allende, Coahuila.
 
Dicha localidad está ubicada en la región de los cinco manantiales, a 120 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.
 
De los 30 mil habitantes, alrededor de 15 mil emigraron en 2011 a Estados Unidos y otras partes del país.
 
La señora María Guadalupe, habitante de Allende, dijo que fueron días muy difíciles; no podían salir a la calle, debido a la ola de delincuencia y violencia que se vivía en aquellos años.
 
Lauro Medrano Guzmán, mecánico de la familia Garza, fue identificado entre las víctimas calcinadas. María Irene Méndez, esposa del mecánico, dijo que se los habían llevado a un rancho y ahí los habían quemado en una bodega.
 
En julio de 2016, Marciano Millán Vázquez, identificado como el líder que llevó a cabo los homicidios en Allende, fue declarado culpable en Texas.
 
Hoy las familias se reúnen nuevamente en la plaza principal, conviven al aire libre y se divierten con sus hijos; lo que quieren es olvidar aquellos años en que había secuestros y asesinatos.
 
Iguala-Cocula
 
El 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes partió de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero a Chilpancingo  en camiones que habían estado plagiando para realizar un boteo que les permitiera obtener recursos para la conmemoración de la masacre del 2 de octubre, a llevarse  a cabo en la Ciudad de México.
 
En el trayecto se desviaron a Iguala, en donde en medio de una serie de confusiones fueron identificados como integrantes de Los Rojos, grupo antagónico de Guerreros Unidos, que dominaba en Iguala, de acuerdo con la “versión histórica” dada a conocer por la PGR a fines de enero de 2015.
 
Otra versión apunta a que los estudiantes intentaban llegar a un acto donde María de los Ángeles Pineda, directora del DIF-Iguala, celebraba los resultados al frente de la institución. La acompañaba su esposo, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Ambos fueron vinculados con los Guerreros Unidos.
 
En su informe oficial la PGR dijo que policías de Iguala, en contubernio con integrantes de Guerreros Unidos, detuvieron a los estudiantes, atacaron los autobuses, resultando seis personas muertas y secuestraron a 43 normalistas de Ayotzinapa para trasladarlos al basurero de Cocula, donde fueron asesinados y sus restos calcinados  y lanzados al Río San Juan, cercano al depósito de desechos.
 
Por los acontecimientos, hasta el momento hay más de 130 detenidos, entre ellos el jefe policiaco de Iguala, Felipe Flores y Sidronio Casarrubias, jefe de Guerreros Unidos.
 
Sin embargo, la “verdad histórica” del caso Iguala no fue aceptada por los familiares de los desaparecidos, por ONG, ni siquiera por un grupo de expertos enviados por la Comisión Intermericana de Derechos Humanos, quienes refutaron las conclusiones del gobierno federal.
 
Para la CNDH, la desaparición de los 43 normalistas sigue siendo un expediente abierto y exigió  que los hechos no queden en la impunidad, ni en el olvido, en el acontecimiento en materia de inseguridad que ha marcado al actual sexenio.
 
Tlatlaya
 
El 30 de junio de 2014,  el municipio ubicado en la ruta de Tierra Caliente, en el Estado de México, fue escenario de la muerte de 22 personas.
 
En las inmediaciones del poblado Cuadrilla Nueva, en San Pedro Limón, ocho militares efectuaban un recorrido de reconocimiento. Al llegar a una bodega se dieron cuenta de que una persona estaba armada, por lo que se inició un enfrentamiento.
 
Según información recabada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la pelea entre los hombres armados y los militares inició a las 04:20 horas y según testigos duró entre cinco y diez minutos porque las personas al interior de la bodega se rindieron.
 
Según la recomendación 51/2014 de la CNDH, una vez que cesaron los disparos, los elementos militares esperaron afuera de la bodega alrededor de 15 a 20 minutos.
 
Después ingresaron a la bodega, en donde encontraron y aseguraron a tres personas y a otras dos que se encontraban amarradas presuntamente en calidad de secuestrados.
 
Durante este lapso se continuaron oyendo disparos aislados; según lo referido por los testimonios, se trataba de armas accionadas por el Ejército en contra de las personas rendidas.
 
    “Es en este tiempo que ocurre la privación arbitraria de la vida de las personas que se encontraban al interior de la bodega; con excepción de las tres víctimas sobrevivientes, así como de las dos personas que se encontraban con ellas, aparentemente en calidad de secuestrados”, según la CNDH.
 
El organismo defensor de derechos humanos concluyó que si bien existió un intercambio de fuego entre el Ejército y las personas armadas, la mayoría de la gente al interior fue presumiblemente privada ilegalmente de su vida.
 
Militares habrían ejecutado a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de la bodega en Tlatlaya el 30 de junio de 2014.
 
Hoy Tlatlaya sigue siendo el punto de conexión para el narco entre la Tierra Caliente de Michoacán, Estado de México y Guerrero.
 
El narco tiene controlado pueblos del municipio mexiquense. Un extraño sólo puede entrar ahí si es acompañado por habitantes de la región, aunque el ejército de halcones siempre está al pendiente de sus movimientos, según constató Excélsior en un recorrido.
 
    “Cuando llegaron aquí los malos todo lucía muy bien. Bajaron las borracheras entre los jóvenes, no había peleas porque eran inmediatamente sofocadas. Se impuso un control casi marcial. En la noche nadie podía salir sin permiso y si algún esposo golpeaba a su mujer recibía un escarmiento”, según un habitante de una comunidad que está a 30 minutos de San Pedro Limón, rodeada de serpenteantes caminos de terracería.
 
Sin embargo, relata que esa aparente calma poco a poco se ha convertido en infierno, porque si bien no se meten con la gente de los pueblos, las peleas entre los narcos es cada vez más frecuente y, por lo tanto, las muertes.  
 
Hoy Tlatlaya ya está ubicado en el mapa del crimen, pero habitantes se quejan de que ni así son foco de atención por parte de autoridades de seguridad.
 
Tanhuato
 
El 22 de mayo de 2015, Tanhuato Michoacán fue escenario de una nueva masacre. Un convoy de la Policía Federal se adentró en el rancho Sol que está a la altura del kilómetro 371 de la carretera Nogales-México como parte de una denuncia ciudadana que indicaba que ahí había presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
 
Según la Policía Federal, los hombres armados los recibieron con disparos, aunque sobrevivientes afirman que los agarraron dormidos. El saldo de los hechos fue de 42 personas muertas.
 
La recomendación 4VG/2016 de la CNDH determinó que dicho día las fuerzas federales cometieron violaciones graves a los derechos humanos, por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de 22 civiles y la privación de la vida de cuatro civiles más.
 
El informe aseveró que se torturó a dos personas detenidas, hubo trato cruel, inhumano y degradante en perjuicio de una persona detenida y la manipulación del lugar de los hechos, atribuida a la Policía Federal.
 
Uno de los sobrevivientes aseguró que al momento de ser detenido, un policía federal ordenó a sus compañeros que ya no mataran a más detenidos, porque él ya había reportado que había sobrevivientes”,  lo que significa hasta el momento la última parada de la geografía del horror durante la guerra contra el crimen emprendida en 2006.
 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/13/1133913
 

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