FRANCISCO RODRÍGUEZ

Si la nueva mayoría electa el próximo seis de junio quisiera utilizar sus servicios, ahí está. La Auditoría Superior de la Federación es su criatura de origen, el brazo fiscalizador adecuado de las cuentas nacionales. Sería uno de los instrumentos convenientes para detener el proceso de destrucción del país. Cuenta con todas las facultades jurídicas para el efecto.

Aprobada por el Constituyente Permanente desde hace cuarenta años, la Auditoría recogió puntualmente las instituciones emergidas desde el Renacimiento, las prácticas jurídicas mozárabes y mesopotámicas herederas de las antiguas formas vigentes en las circunscripciones romano-germánicas de la antigüedad.

La Auditoría actual está inspirada en tribunales mayores de cuentas, memorias hacendarias de los primeros recaudadores, glosas de erarios, registros de libramientos, secciones de inspección y de reclamaciones, todas encaminadas a la mejor administración de los haberes colectivos y de las rentas públicas de cualquier nación.

La corrupción carcome cualquier intento

Aunque los primeros federalistas mexicanos facultaron al Congreso para fijar los gastos generales, establecer las contribuciones necesarias y vigilar con celo la recaudación, inversión y cuentas del gobierno, la falta de tradición parlamentaria y el nulo respeto hacia la autor restricción, como fórmula de contrapeso, socavaron ese primer intento.

‎Los conflictos entre federalistas y centralistas, conservadores y liberales, radicales y moderados que nos legaron una historia tan preñada de gestas heroicas como de asignaturas pendientes en todos los ámbitos del quehacer público, sobre todo en los controles de gastos y en la corrupción gubernamental, fueron también un gran obstáculo.

Sanear la hacienda pública, vigilar escrupulosamente el manejo de los recursos nacionales y defender su correcta aplicación, otorgando al concepto republicano el sello distintivo de un gobierno pulcro y mesurado nunca ha sido lo nuestro. La corrupción carcome cualquier intento, lo hemos visto hasta la saciedad.

Es el brazo ejecutor de una nueva mayoría

La potestad ciudadana de mantenerse atenta y al tanto de las decisiones que concurren en el objetivo de construir un sistema político autocontrolado y regulado por procedimientos estrictos que impongan los equilibrios del mandato y distribuyan con justicia los beneficios, tiene que ser la aspiración colectiva.

La mayoría de la Cámara de Diputados se arrogó la facultad de designar al titular del ente fiscalizador y justiciero‎. Ahí está. Listo para ser utilizado en una nueva etapa de transparencia y rendición de cuentas públicas nacionales. Como lo querían. Es el brazo ejecutor de una nueva mayoría. La directiva actual estará en funciones hasta 22 meses después de que finalice el régimen modito Tepetitán. ¡Gulp!

De acatarse, la conducción gubernamental daría un giro

Por sus facultades, ese órgano constitucional con autonomía de gestión puede fiscalizar los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y aplicación de fondos de los recursos de los tres poderes de la Unión, de los organismos públicos y de cualquier erario de procedencia federal que ejerzan los estados.

Así como los que ejerzan la Federación, los municipios y hasta los particulares, así como suena. De acatarse, la conducción gubernamental daría por fin un giro de ciento ochenta grados sobre su propio eje, para integrar el sistema permanente de rendición de cuentas, rasgo característico de cualquier sistema que pretenda despabilarse.

Constitucionalmente, tienen la misma relevancia el respeto al valor del trabajo, el acatamiento al sufragio popular y la transparente rendición de cuentas, porque los tres objetivos apuntan como destinatario final al pueblo, depositario de la soberanía. El sistema tiene en sus entrañas su propio Leviatán.

Jiménez Pons y Pedro Haces, complicidades ferroviarias

Un refreno político para moderar los excesos de cualquier gobierno, los apetitos desmedidos de dictadores, aventureros y oportunistas, dispuestos a ofrecer al país al mejor o al peor postor. Cualquier semejanza de los motivos de los constituyentes originales con lo que pasa actualmente en el país es además de coincidencia, reflejo fiel de la realidad.

Díganlo si no, las nuevas revelaciones –engañosamente desmentidas por AMLO, pues son verdad– de la Auditoría Superior de la Federación, consistentes en que el costo de cancelación del Aeropuerto de Texcoco género un dispendio mayor al 232% de lo previsto. Y que, al mismo tiempo, el bodrio de Santa Lucía fue protegido por el Ejército al ocultar los costos con el argumento de que se trata de un asunto de seguridad nacional. Una vergüenza total.

Acerca del Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos del desquiciamiento mental, es también poco transparente en la protección ambiental y en la adjudicación de contratos públicos, los que se pelotean entre El‎ Frijolito Jiménez Pons y el insaciable Pedro Haces, habilitado líder sindical y celoso cuidador del partido Fuerza por México, un alcahuete para candidatos reventados de Morena. Una vía de escape, a contentillo del hombrecillo de Tepetitán. Algo inaceptable y sumamente deshonesto.

En cuanto a Dos Bocas, ni hablar. Un desmadre enterito

De acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno de López puso en marcha la Guardia Nacional, un cuerpo personal compuesto por policías y militares en un 90%, con recursos manejados sin reglas claras y en procesos administrativos opacos. En sus filas se encuentran muchos mercenarios centroamericanos que están puestos para cualquier Golpe.

En cuanto a Dos Bocas, ni hablar. Un desmadre enterito. La voluntad de la comandanta Nahle, por encima de cualquier previsión de carácter ambiental y técnico, por encima de toda ley que impida otorgar contratos sin licitar a sus socios. Los que no conocen las leyes, no pueden aplicarlas.

Alguien tiene que parar este despiporre de la Cuarta Corrupción

López fue el primer presidente que compró por adelantado más de 200 millones de vacunas, agarrando las mejores porque había dinero suficiente. Después nos enteramos de que no había comprado nada y aceptó regalos de algunos lotes peligrosos para la salud de la población. Ahora se queja de los acaparadores. ¿Qué pasó en el camino?

Pagos a muertos y a habilitados en los programas sociales de sembrar un arbolito, construir el futuro, en apoyos de todo tipo que han demolido el presupuesto de actividades productivas y la falta de apoyo a los empresarios que promueven el empleo, es la tónica sexenal. Alguien tiene que parar este despiporre.

La impudicia con la que se maneja la Secretaría de la Función Pública para atender las venganzas del “caudillito” es expuesta ejemplarmente en el documento que se cita. No es posible estar en manos de lambiscon@s y desquiciados para ejercer los haberes públicos. ‎Ackerman llegó a su mejor expresión.

Como nunca, la corrupción gubernamental ha sido puesta en evidencia en un documento oficial. También los niveles de incompetencia para manipularla… y pretender ocultarla.

Los sicarios del narco, ¿guaridas personales?

El repudio y la crispación es ya general en el territorio. El vergonzoso acontecimiento de rechazo en Tijuana comprueba que el hombrecillo no es bienvenido en ningún lugar.

Los siervos de la nación y los trabajadores a sueldo de la Secretaría de Bienestar ocupan hoy las trincheras de los chairos, que ya se retiraron hasta de las redes de bots. Sólo falta que entren en acción como guardias personales los sicarios de las bandas delincuenciales del narcotráfico.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: Escribió Darío Celis el jueves 25 de febrero: “La Auditoría Superior de la Federación (ASF) no solo interpretó correctamente el costo total de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), sino que se quedó corta. Consideró las acciones requeridas para matar el proyecto de Texcoco, superior en más de 200 por ciento a lo declarado, y fue más allá al estimar la conversión de una deuda que era privada y que la 4T hizo pública. El pasivo debía pagarse con los ingresos propios futuros generados por el NAIM, en una deuda pública que comprometió al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) al menos por los siguientes 20 años. Al cancelarlo el gobierno se hizo un ‘harakiri aeroportuario’, ya que se terminaron pagando indemnizaciones a los tenedores del papel de la Fibra E por 10 por ciento del monto colocado, esto es 3 mil 600 millones de pesos. Además hubo un pago no declarado de liquidación de los bonos por 6 mil millones de dólares, de los cuales Arturo Herrera y la Secretaría de Hacienda recompraron mil 800 millones de dólares en la total opacidad. Los fondos beneficiarios fueron BlackRock, Schroders, Vanguard, Manulife, Prudential, UBS, Goldman Sachs, Provida y Moneda, principalmente, asesorados por el bufete inglés Hogan Lovells. Y todavía restan por pagar 4 mil 200 millones de dólares en los siguientes 20 años: mil millones a tasa fija de 3.875 por ciento y tres mil millones a tasa fija de 5.5 por ciento, sin que nadie en la 4T dé cuenta de ello. Por otro lado, se desperdició una inversión ya realizada que se calcula en 140 mil millones de pesos, 75 mil millones en el aeropuerto que se sepultó y el resto en obras hidráulicas, vialidades y el ramal del tren…”

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