En unas horas, la jueza federal Lauren F.
Louis de la Florida, que entregara hoy por escrito la sentencia en el juicio de
extradición presentada por México a Los Estados Unidos del ex gobernador de Chihuahua Cesar Duarte,
sin embargo la Magistrada Federal concluyó que la petición para enviar a Duarte
a Chihuahua establece una causa probable de los hechos que se imputan al ex
Gobernador, y que las leyes penales de esa entidad sancionan conductas también
previstas en la legislación estadounidense.
La jueza emitirá en breve su orden por
escrito.
Duarte, preso desde hace 6 meses en una
cárcel del estado norteamericano de la Florida, desde el 8 de julio de 2020, en
el Centro de Detención Federal en Miami, es requerido por Chihuahua para
responder por asociación delictuosa y peculado de 96.6 millones de pesos, por
once desvíos del erario a dos de sus empresas y personas allegadas entre 2011 y
2014.
En los 20 expedientes integrados
contemplan daños al patrimonio del estado de Chihuahua por más de ¡mil 500
millones de pesos, según datos aportados en la Fiscalía General de justicia,
que dan lugar a la solicitud de extradición para que sea juzgado Cesar Duarte
en Chihuahua.
La decisión de entregar a Duarte a México
no corresponde al Poder Judicial, sino al Poder Ejecutivo por medio del
Departamento de Estado, cuyo nuevo titular, Antony Blinken, fue confirmado hoy
por el Senado.
Duarte puede apelar la certificación de
la jueza Louis ante la Corte Federal de Apelaciones del Décimo Primer Circuito
con sede en Atlanta, que tomaría varios meses para resolver y difícilmente
revocará el fallo de primera instancia.
Durante la audiencia, el Fiscal federal Jasón
Wu enfatizó la "corrupción impresionante" durante el sexenio de
Duarte, y afirmó que la responsabilidad por los desvíos la debe enfrentar la
persona que tenía el mando superior del Gobierno.
Sobre los alegatos de Duarte de que es
víctima de persecución política por su sucesor, el panista Javier Corral, y de
que éste ha presionado a testigos, el Fiscal consideró que ese tema es propio
de la defensa que tendrá que hacer en Chihuahua, pero no de un proceso de
extradición, en el que no se está juzgando al acusado.
La intervención del Fiscal se centró en
convencer a la jueza de que existe causa probable sobre la responsabilidad de
Duarte, porque tenía capacidad de mando para disponer de los recursos, porque
estos fueron desviados de su propósito, y porque los montos fueron superiores a
500 días de salario mínimo, previstos en el Código Penal de Chihuahua para el
peculado agravado.
Wu detalló algunas de las transacciones y
los testimonios de ex colaboradores de Duarte, quienes señalaron que el
entonces Gobernador fue quien las autorizó, por lo que consideró que no solo
hay evidencia circunstancial sobre la conducta del acusado, sino evidencia
directa que lo involucra.
Recordó, por ejemplo, la transferencia de
5.5 millones de pesos desde la Secretaría de Hacienda de Chihuahua a la Unión
Ganadera Regional División del Norte, de la que Duarte era accionista
mayoritario, en noviembre de 2014.
Oficialmente, el dinero era para
subsidiar la compra de granos para alimentar el ganado de productores locales,
pero 3.1 millones de pesos fueron usados en abril por Duarte para pagar sus
impuestos al SAT, según análisis forenses.
La jueza preguntó si la aparente
retractación difundida la semana pasada del testimonio de Jaime Herrera, uno de
los ex secretarios de Finanzas que declaró contra Duarte, tendría impacto sobre
la causa probable, lo que rechazó la Fiscalía, pues hay varios testigos.
"En muchos casos (Duarte) demandó
que el dinero fuera transferido de inmediato del fondo de emergencias de
Chihuahua... y meses después se creaban contratos falsos para justificar la
operación", dijo el Fiscal quien destacó el papel de Carlos Hermosillo
Artega como principal operador de Duarte.
Wu dijo varias veces que los montos eran
en dólares, pero la solicitud de extradición y otros documentos indican que son
pesos.
Juan Morillo, abogado de Duarte, trato de
convencer a la jueza de que la retractación de Herrera sí era crucial para
probar que el Gobierno de Corral intimidó a los testigos contra Duarte.
El litigante destacó que el tema no es la
credibilidad de los testigos, sino la forma en que la Fiscalía de Chihuahua
obtuvo sus declaraciones, que no son confiables.
Wu calificó esta postura como "un
clásico ataque a la credibilidad de los testigos", cuestión que no se debe
analizar en una extradición. La jueza estuvo de acuerdo.
La audiencia inició casi media hora tarde
por problemas para conectar la videoconferencia por Zoom con el centro de
detención. (Con información del Periódico Reforma)
