Por Manuel Cabrera- El presidente
municipal de Ciudad Juárez, Armando Cabada tras admitir ante la Fiscalía
General de Justicia del Estado de Chihuahua, haber recibido dineros de la nómina
secreta del ex gobernador de Chihuahua, preso en la Florida, en espera de su
extradición al estado de Chihuahua, por lo que se acogió al programa de testigo
protegido y regreso a las arcas públicas de la entidad 4 millones y medio de
pesos.
Otras 5 personas hicieron lo mismo, con
lo que se la Fiscalía de Chihuahua, recuperó 20 millones de pesos de los robado
al pueblo.
La alcaldesa de Chihuahua Maru Campos no
se acogió al programa de oportunidades a testigos, por lo que sigue su curso penal,
de acuerdo a recibos que constan en el expediente María Eugenia Campos habría
recibido de la caja chica de Duarte cerca de 8 millones de pesos en diferentes partidas,
cuando la panista se desempeñaba como diputada local.
CRONOLOGICO: El primero en regresar el
recurso ilegal fue el exdiputado de Movimiento Ciudadano, Fernando R.R., quien
en junio de 2017 aceptó haber recibido 2 millones 400 mil pesos, indebidamente,
como apoyo del exmandatario, sin embargo, tras haber iniciado su proceso penal,
fue que decidió regresar la misma cantidad de dinero que le habían entregado.
El ex director general de El Heraldo de
Chihuahua, Javier Contreras, entregó la cantidad de 10 millones de pesos a
las autoridades, tras ser notificado de las investigaciones en su contra y por
lo cual decidió acercarse al criterio de oportunidad (testigo protegido) para
colaborar con las autoridades y realizar la reparación del daño.
También, según el listado de la Fiscalía
General del Estado, se han aproximado tres mujeres que recibieron cerca de 3
millones 200 mil pesos, mismas que durante la administración de César Horacio
obtuvieron la cantidad de 2 millones 200 mil pesos, poco más de 500 mil pesos y
500 mil pesos.
Estas mujeres, durante ese periodo, eran
dirigentes de dos partidos políticos en el estado, mientras que otra de ellas,
era una diputada local, que al igual que varios de los integrantes de la nómina
secreta, se benefició con este tipo de pagos irregulares que mantenía el ex
mandatario ballezano; cabe mencionar que el total aproximado de esta nomina es
de mil millones de pesos.
Parte de las personalidades a quienes
también se le ofreció este mecanismo de reparación del daño y criterio de
oportunidad, fue a la presidenta municipal capitalina, María Eugenia Campos,
(Maru Campos) quien del 2014 al 2015 recibió cerca de 27 pagos de esta “nomina” con los que
se benefició con cerca de 7.1 millones de pesos.
De igual forma, y quien también rechazo
ese criterio de oportunidad, fue el secretario del ayuntamiento capitalino,
César J. M., quien obtuvo cerca de 2 millones de pesos, cuando fungía como
diputado local, en compañía de la alcaldesa y varios personajes políticos que
recibieron este tipo de pagos.
La FGE solicitó el desafuero del senador
de Morena Cruz Perez Cuellar, quien es acusado de haber recibido cerca de 2 millones de
pesos, y mismo que también le ofrecieron dicho criterio, pero que por razones
desconocidas decidieron no aceptar la responsabilidad y en cambio omitieron las
investigaciones.
Entre los que se encuentra en calidad de
prófugo de la justicia es el hermano de César Horacio Duarte Jaquez, Sixto Duarte Jaquez, quien se
encuentra investigado por recibir dinero de forma irregular, dentro de lo que
se conoce como la “nomina secreta” pero que hasta el momento se desconoce su
paradero actual dentro del país.
Luego de que la Fiscalía reactivara las
investigaciones por dicha nómina, donde se mantenían pagos ilegales a distintas
personalidades, durante el periodo del 2011 al 2016, varios de los involucrados
decidieron adherirse a un criterio de oportunidad, que inició entre el mes de
julio con la detención de César Horacio.
El propio gobernador Javier Corral
Jurado, mencionó que el tema de la nómina secreta se había mantenido
suspendido, para evitar filtración de información en las audiencias de los
posibles responsables, toda vez que el ex gobernador no había sido capturado,
pero que esta detención le dio paso a la Fiscalía para que actuara en contra de
los posibles involucrados.
Tras los señalamientos que hizo el
gobernador Javier Corral en contra la alcaldesa María Eugenia Campos, el día 14 de
julio, varios de los involucrados optaron por acercarse a las autoridades para
rendir declaración de los hechos, otros funcionarios actuales giraron amparos
para evitar detenciones o conocer sobre algún expediente en su contra.
Sin embargo, hasta la captura del ex
líder juvenil nacional tricolor Cristopher J.B. el pasado 5 de noviembre, fue
que seis personas acudieron a aceptar el criterio de oportunidad (testigos protegidos) y reconocieron
haber recibido dinero de forma ilegal, y realizaron la reparación del daño para
evitar un juicio en su contra.
Entre los involucrados se encuentran
algunos políticos y actuales funcionarios, quienes recibieron entre 2 a 5
millones de pesos; algunos empresarios que devolvieron más de 2 millones de
pesos y otros ex funcionarios que recibieron alrededor de 6 millones de pesos
producto de esta nomina privada del ex mandatario.
Aunque las cantidades eran distintas para
cada actor político la Fiscalía General del Estado, ha logrado acreditar que
mensualmente se preparaban los pagos para un listado de 120 personas, por pagos
que iban de los 100 mil a los 500 mil pesos, dependiendo del cargo, el favor o
la relación con el ex gobernador. (Con información de la OEM).
