La única manera de evaluar a un gobierno es por sus resultados. Sus
intenciones pueden ser muy nobles, pero si no dan lugar a una mejoría en
la vida de los gobernados, de nada sirven.
Hoy, hace dos años, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador
tomó el país con muchos problemas, particularmente aquellos que derivan
de la deficiente aplicación de las leyes, como la inseguridad y la
corrupción.
El mandatario consideró que la manera de hacer frente a esos
problemas era derrumbar el edificio administrativo y volver a
construirlo. Y así comenzó a hacerlo. Muchas instituciones y políticas
públicas fueron aniquiladas con el propósito de sustituirlas. Con el
paso del tiempo podemos decir que los problemas que había no se han ido y
han surgido nuevos. De estos últimos, el más notable es el de la salud
pública.
Mentiría quien dijera que ésta funcionaba de maravilla antes del 1 de
diciembre de 2018, pero se había encontrado una manera de frenar su
colapso.
El gobierno decidió que los refuerzos que anteriores administraciones
habían colocado para mantener en pie el vetusto edificio de la
seguridad social —como el Seguro Popular— debían desaparecer, con lo que
millones de mexicanos quedaron en la incertidumbre. También acabó con
las guarderías subrogadas y la educación inicial, esquemas en los que se
apoyaban miles de madres para poder trabajar. Y deshizo el mecanismo de
compra y distribución de medicamentos, alegando que estaba infestado de
corrupción, con lo que las medicinas comenzaron a escasear.
En síntesis, destruyó el pasado para construir el futuro, pero sin ocuparse del presente.
En eso, se le atravesó la pandemia. Es cierto, el surgimiento del
covid en China y su rápida expansión por el mundo no es culpa del
gobierno, pero la manera en que decidió hacerle frente tuvo dos
características que han probado ser perniciosas: recayó en un sistema de
salud desorganizado por los cambios que le estaban imprimiendo y puso
por delante consideraciones de tipo político, en lugar de priorizar los
requerimientos de salud. Una constante ha sido negar que la situación
esté peor que en días o semanas previos, incluso cuando esto ha sido
innegable.
La primera vez que el Presidente afirmó que la pandemia estaba bajo
control fue el 26 de abril, cuando apenas habían pasado seis semanas
desde que se produjo la primera muerte en el país por covid. Desde
entonces y hasta la fecha, ha repetido lo mismo en muchas ocasiones —con
frases como “ya se ve la luz al final del túnel” o “ya se alejó el
riesgo”—, pese a que la gravedad de la situación no ha desaparecido.
Eso y la reiterada posición de no aplicar suficientes pruebas ni
rastrear sistemáticamente los contactos de las personas infectadas,
además de negar o subestimar la utilidad del cubrebocas, han ido
debilitando las defensas del cuerpo social frente a la enfermedad, al
grado de que ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS) debió llamar
la atención al gobierno mexicano por su manejo del covid.
“Queremos pedirle a México que se lo tome muy en serio”, dijo ayer Tedros Adhanom Ghebreyesus,
director general del organismo, durante la rueda de prensa quincenal
que su agencia dedica a la pandemia. El excanciller etíope advirtió que
nuestro país “está en mala situación frente a la epidemia, que vio
duplicarse el número de casos y muertes entre mediados y finales de
noviembre”. Tal llamada de atención no había ocurrido desde que se
conoció el primer contagio por coronavirus en México, el 28 de febrero.
En junio pasado, el gobierno presumió que la OMS había invitado al subsecretario Hugo López-Gatell,
el funcionario encargado del manejo de la pandemia, a integrarse a su
comité de expertos en materia de epidemiología. Luego se sabría que se
trataba de una invitación al país y no a López-Gatell en
lo personal, pero, luego de ventilar esa información, difícilmente
podría ahora el gobierno renegar de la autoridad del organismo.
Hoy no queda sino reconocer los graves errores que se han cometido en
la gestión de la crisis sanitaria y los trágicos resultados que éstos
han dejado. Es tiempo de sustituir a López-Gatell para que sus malas decisiones y su protagonismo dejen de ser un lastre para el país y el gobierno.