El PAN ya había dado color en tribuna sobre la pretendida eliminación del fuero. El senador Damián Zepeda dijo:

“Yo renuncio a la senaduría si alguien me demuestra que el Presidente de la República, con este dictamen, va a ser juzgado como cualquier ciudadano”. Y es que el dictamen aprobado establece que para procesar al presidente, como a cualquier ciudadano, hay que acusarlo ante la Cámara de Diputados y ésta ante el Senado, convertido en jurado.

“¿A poco a los ciudadanos los juzga el Senado? No. A los ciudadanos los acusa un ministerio público ante un juez y el juez dice si eres culpable”, destacó Zepeda.

Con eso desbarató el argumento central del morenista Martí Batres, quien sostiene que la reforma aprobada representa un avance. “Con esta reforma se plantea que el presidente pueda ser juzgado por todos aquellos delitos por los que podría ser juzgado un ciudadano…”, aseveró.

Es cierto que en la Carta Magna se amplió el catálogo de delitos por los que el presidente puede ser juzgado, solo que en su caso no hay MP ni juez. Pero también lo es el hecho de que en las futuras administraciones —no en la 4T— puede ocurrir que el presidente sea de un partido y la mayoría en el Congreso de otro. Ahí sí hay avance.

Se aprobó también eliminar el fuero para diputados y senadores, pero aquí sí hubo unanimidad.

En ese oficio instruye a sus subordinados para que se adopten las medidas que eviten convenios con entes públicos, al amparo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, y urge que no se realicen pagos bajo esa figura jurídica.

El documento se utilizará como prueba para desacreditar la acusación de su exoficial mayor, Emilio Zebadúa, en el sentido de que recursos públicos se desviaron desde la Sedatu hacia la campaña de José Antonio Meade, en el 2018.

Para justificar la negativa a respetar los protocolos que impone la pandemia, argumentó que se le quiere aplicar mordaza; y que el cubrebocas le impide tomar agua.

Su terquedad, que algunos atribuyen a la necesidad de desviar la atención sobre el tema de la violencia de género que lo tenía allí, llevó a  los integrantes del Consejo General del instituto a dejarlo sólo y sesionar virtualmente sobre el caso. Gerardo asistió como representante legislativo del PT para defenderse de las acusaciones de ejercer “violencia de género” en contra de la diputada federal del PAN, Adriana Dávila. Y es que en un acto, realizado en el Congreso de Tlaxcala en octubre del año pasado, vinculó a la legisladora azul con la trata de personas. “Me dicen que hay una diputada, que fue senadora, vinculada a ese tema, y que es más bocona que la chingada. Pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca…”.

Estas palabras llevaron a la legisladora a poner una denuncia en el INE por violencia política de género, a pesar de que Noroña se vio obligado a reconocer públicamente que no tiene elementos para sostener que está vinculada a la trata de personas.

El INE determinó que sí hubo violencia de género, pero Gerardo se libró de quedar registrado en el padrón de agresores, lo que lo inhabilitaría para ser postulado para la elección del 2021. La ofensa contra Dávila la cometió antes de que se aprobara la reforma por la que se creó el registro nacional de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres.

*El Tribunal Federal de Justicia Administrativa rompió la cadena de subordinación a la que están sometidos los órganos autónomos en la 4T y le asestó un revés a la Secretaría de la Función Pública. Concedió suspensión a Laboratorios PiSA y Dimesa —vetados por AMLO— contra la inhabilitación por dos años y medio impuesta por la Función Pública. La suspensión congela la multa de 2.3 millones de pesos que impuso esa secretaría a las dos empresas, el mes pasado. En el TFJA nos aclaran, sin embargo, que la suspensión es una medida cautelar que no prejuzga el fondo del asunto.