Ojalá el presidente se mantenga firme en
apoyar las investigaciones del caso Lozoya y ojalá sea igual de firme para que
también se indague a su hermano.
Durante años se ha denunciado, con
mayores o menores pruebas, la corrupción generalizada del sistema político
mexicano.
El saqueo del dinero público, los sobornos, los conflictos de interés
resueltos de la peor forma han sido vox populi en cada sexenio presidencial.
Pero hoy existen acusaciones concretas, con nombres, apellidos, cifras y hasta
algunos videos reveladores a modo de apoyo, por parte de un exfuncionario de
primera línea, como Emilio Lozoya, que fue director de Pemex.
Y eso lleva el
asunto a otro nivel. Las denuncias de Lozoya han puesto contra las cuerdas a
expresidentes y a figurones políticos que hoy están en la oposición, pero que
tuvieron el poder y lo usaron de modos muy turbios.
Sin embargo el Gobierno, que inició y ha
impulsado con toda su fuerza política este conflicto, también ha recibido un
fuerte revés con la difusión de un video del hermano del presidente López
Obrador recibiendo dinero en efectivo por parte de un asesor del Gobierno de
Chiapas (encabezado por el “verde” Manuel Velasco), durante el pasado sexenio.
El dinero, que presuntamente no fue declarado al Instituto Nacional Electoral,
habría ido a dar a las campañas de Morena. Y por más que el Gobierno y sus
personeros hayan salido en defensa de la honestidad de su movimiento (Beatriz
Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, llegó a comparar el financiamiento
irregular con las donaciones de Leona Vicario a la causa independentista), y
aunque las cantidades manejadas no se acerquen a las cifras astronómicas del
caso Lozoya, el video de marras significa una mancha difícil de borrar.
Lo
sabía muy bien quien se lo filtró al periodista Carlos Loret para que lo
divulgara.
Era evidente que el estancamiento del
debate político mexicano iba a traer consecuencias tan nocivas como esta guerra
de lodo, porque una democracia sin consensos está condenada al fracaso y en el
México de hoy no solamente no se logran acuerdos: ni siquiera se buscan. Con
todo, quizá muchos no se imaginaban que, en mitad de una pandemia que ya ha
costado las vidas de más de 60.000 personas, la principal preocupación del país
no sería la enfermedad, que crece ante la pasividad oficial, sino las
acusaciones cruzadas de sobornos, sobrecitos, cuentas ocultas y dinero sucio.
Al Gobierno federal le convenía, y mucho,
que la mirada general se fijara en las acusaciones de sobornos e ilegalidades
en las Administraciones pasadas por tres motivos. El primero es obvio: el
presidente tomó la bandera de la lucha contra la corrupción desde su campaña y
muchos de sus principales alfiles políticos, como Irma Eréndira Sandoval y
Santiago Nieto, trabajan en esa trinchera. Cada acusación probada será una
victoria para él. El segundo no es menos claro: estas denuncias machacan a la oposición,
que de por sí continúa en estado de shock tras su derrota de 2018, incapaz de
articular alguna clase de estrategia para acotar al mandatario. El único poder
de la oposición es el de hacer circular memes y tuitazos y eso sirve de muy
poco en la calle y la realidad. Finalmente, el tercer motivo es que, aunque las
indagaciones llegaran a punto muerto y los exfuncionarios señalados la libren
sin pasar por la cárcel, mientras se discuta esto en las primeras planas se
dejará de pensar un poco en el fracaso del combate a la covid-19...
Todo parecía ir bien con el plan hasta
que el video de Pío López Obrador salió a la luz y dejó malparado al Gobierno
en un momento clave. La lucha del lodo se desató y ahora todos están
salpicados. ¿Y cómo saber si quienes filtraron el video tienen más grabaciones
comprometedoras y las sacarán a la luz si las investigaciones llegan a poner en
riesgo real a tipos tan poderosos como los que están siendo acusados? ¿Cedería
al chantaje el Gobierno?
Ojalá el presidente se mantenga firme en
apoyar las investigaciones del caso Lozoya y ojalá sea igual de firme para que
también se indague a su hermano y se transparente el financiamiento de sus
campañas. Solo así tendrá sentido esta campaña anticorrupción que, por lo
pronto, solo ha demostrado que las fuerzas políticas nacionales tienen mucha
cola que les pisen. (Antonio Ortuño/El País)