Cuando Andrés Manuel López Obrador quiere criticar a una
institución hace como que se le olvida su nombre. “Me enteré de que
existe, ¿cómo se llama?” dijo recientemente sobre el Conapred,
un ente que batalla contra la discriminación. El presidente mexicano
considera que los organismos autónomos y descentralizados son costosos e
inútiles. Además, no duda en mostrar que le son incómodos. El choque,
cada vez más abierto, entre el Gobierno y estas instituciones amenaza
con redefinir el andamiaje que acompañó a la transición democrática y
hace temer un reconcentración de poder en manos del Ejecutivo. Aunque la
embestida ha sido hasta ahora eminentemente discursiva, el Gobierno ya
ha dado signos de querer pasar a la acción.
López
Obrador ha afirmado estar analizando la eliminación de algunas de estas
instituciones y la presentación de una reforma constitucional con ese
objetivo. Unos días antes y bajo la bandera de la austeridad,
Ricardo Monreal, mano derecha del mandatario en el Senado, propuso
fusionar tres de los organismos autónomos más importantes, pese a tener
facultades sobre áreas netamente distintas. Morena, el partido del
presidente, terminó por congelar la propuesta ante las críticas de la
oposición y de la sociedad civil, pero la iniciativa ha alimentado el
miedo a una vuelta del presidencialismo omnipotente.
La
influencia de López Obrador ya es palpable en ciertas áreas. La Comisión
Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía
(Cenace), instituciones con autonomía técnica, se han alineado con el Gobierno
en todas las decisiones recientes. Hace un mes, el titular del Cenace
César Hernández dimitió poco antes de que el organismo autorizara un
cambio normativo a petición de la Secretaría de Energía y sin consultar a
las empresas afectadas tal y como manda la ley.
Hernández
no ha sido la única baja. Ya son varios los titulares de organismos que
han renunciado o han sido destituidos por el Gobierno en poco más de
año y medio. La más reciente ha sido Mónica Maccise, titular de
Conapred. Renunció la semana pasada, tras verse envuelta en una polémica
con la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller. En 2019, fue
destituido el exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación
de la Política Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona,
después de criticar los efectos de la política de austeridad. Y el
expresidente de la CRE, Guillermo García Alcocer, renunció a su cargo
cuatro años antes del final de su mandato tras ser acusado públicamente
por el presidente de tener “conflictos de interés”.
Es
difícil entender el Estado moderno mexicano sin los organismos
autónomos. Los primeros se remontan a los estertores del priismo, en la
década de los 90. Tras unos resultados electorales de disputada
legalidad, el presidente Carlos Salinas de Gortari creó el Instituto
Federal Electoral para organizar los comicios de manera independiente.
Veinte años después, Enrique Peña Nieto, nueva cara de un PRI
supuestamente renovado, propició una segunda generación de organismos
más técnicos para regular áreas como las telecomunicaciones y la
energía. A su llegada al poder, López Obrador se encontró con una hilera
de instituciones; algunas de ellas con un peso determinante en sectores
clave para su agenda, opuesta a las reformas liberalizadoras que las
crearon.
El mandatario se ha amparado de la austeridad
para atacarlas. Ya en 2019, al poco del cambio de Gobierno, se produjo
un primer choque por el salario de los funcionarios. López Obrador
quería rebajarlos y empleados de varios organismos autónomos se
ampararon ante los tribunales alegando que trabajaban para instituciones
independientes al poder Ejecutivo. Con la crisis del coronavirus, el
Gobierno ha redoblado su política de austeridad para conseguir recursos y
las críticas se han vuelto a hacer sentir. “El INE [Instituto Nacional
Electoral] es el aparato más caro de organización de elecciones, más
caro del mundo”, dijo el presidente este lunes, justo cuando el país se
enfila a las elecciones intermedias de 2021, las más grandes de su
historia.
Pese a los altos sueldos de muchos
funcionarios, el argumento de la austeridad es débil, opinan los
expertos. Los ocho organismos autónomos previstos en la Constitución
suponen el 0,94% del presupuesto federal, de acuerdo a un análisis del
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). “Representan una parte
muy pequeña. Su eliminación o incorporación al aparato central no
generaría cambios importantes”, explica el analista Manuel Guadarrama.
Además, Javier Aparicio, investigador del CIDE y aspirante a consejero
del INE, apunta a la importancia de un apoyo presupuestario sólido para
blindar la independencia. “Tiene que haber eficiencia en el uso de
recurso públicos y los organismos autónomos debe de estar sujetos a
ciertos estándares de evaluación” dice, “pero reducir su presupuesto
puede ser visto como un mecanismo de presión”.
Las
críticas al INE preocupan en un país donde la celebración de comicios
transparentes es un logro relativamente reciente. El presidente se
declaró esta semana a sí mismo “guardián” de los próximos comicios, una
facultad que no le corresponde por ley, a lo que el titular del ente,
Lorenzo Córdova, respondió: “México ya tiene un guardián de las
elecciones, un organismo constitucional autónomo que es garante de
nuestra democracia”. El abogado Pedro Salazar, director del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
considera que hay un abuso del discurso de la austeridad para debilitar
las instituciones que no dependen directamente del Ejecutivo. “México
no sería una democracia sin el INE”, explica. “La idea es ir
desmantelando esa constelación de autonomías que sirve para acotar su
poder y se está actuando sin distinciones, dando un trato parejo a
instituciones que merecen una valoración individual”.
El
Gobierno también tiene en la diana a aquellos organismos que entorpecen
su acción en áreas clave. La Cofece, encargada de velar por el buen
funcionamiento del mercado, presentó el lunes un recurso de
inconstitucionalidad contra la nueva política energética del Gobierno
que pretende reforzar a la eléctrica estatal frente a las energéticas
privadas. “Otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye
la capacidad de competir de otros”, justificó el organismo en una
decisión que escalará la tensión con el Gobierno.
Contra
los organismos autónomos que estorban la actividad gubernamental, el
mandatario ha argumentado supuestos vínculos con “grupos de intereses
creados” y su escasa utilidad. El mismo día de la presentación del
recurso de inconstitucionalidad, López Obrador se refirió a la Cofece en
tono burlón: “¿Cuándo creen que me voy a aprender todas esas siglas?”,
declaró, llevándose las manos a la cabeza. A continuación, criticó su
lentitud en la resolución de una denuncia contra una empresa: “Entonces,
¿qué hacen?, ¿a qué se dedican?”. Muchos de estos organismos surgieron
al calor de reformas que han sido criticadas por el presidente como
parte de lo que él tilda de “periodo neoliberal”.
La
fortaleza de los organismos frente a los embates del Ejecutivo varía. El
Conapred, que no goza de protección constitucional, puede ser
fácilmente incorporado a la Secretaría de Gobernación, como ha sugerido
el presidente. Eliminar la Cofece, por el contrario, requeriría de una
reforma constitucional aprobada por una mayoría de dos tercios del
Congreso. En cuanto a los nombramientos, el titular de Conapred apenas
requiere del dedazo presidencial, mientras que los consejeros del
INE necesitan pasar por un estricto proceso de selección en el que
participan expertos y diputados.
Aun así, López Obrador
nombró a uno de sus seguidores más vocales, el académico y activista
John Ackerman, como unos de los expertos que evaluarán a los aspirantes
al INE, lo que ha suscitado dudas sobre la imparcialidad del proceso.
“Los roces se puede revertir en contra de la estabilidad y del sistema
democráticos”, advierte el economista Juan Carlos Moreno Brid, sobre los
ataques a los organismos autónomos. “Un órgano bien diseñado y con
capacidad permite que las decisiones se tomen con una visión de Estado”.
https://elpais.com/internacional/2020-06-24/lopez-obrador-redobla-el-choque-con-los-organismos-autonomos-de-mexico.html