Cuando Andrés Manuel López Obrador quiere criticar a una institución hace como que se le olvida su nombre. “Me enteré de que existe, ¿cómo se llama?” dijo recientemente sobre el Conapred, un ente que batalla contra la discriminación. El presidente mexicano considera que los organismos autónomos y descentralizados son costosos e inútiles. Además, no duda en mostrar que le son incómodos. El choque, cada vez más abierto, entre el Gobierno y estas instituciones amenaza con redefinir el andamiaje que acompañó a la transición democrática y hace temer un reconcentración de poder en manos del Ejecutivo. Aunque la embestida ha sido hasta ahora eminentemente discursiva, el Gobierno ya ha dado signos de querer pasar a la acción.

López Obrador ha afirmado estar analizando la eliminación de algunas de estas instituciones y la presentación de una reforma constitucional con ese objetivo. Unos días antes y bajo la bandera de la austeridad, Ricardo Monreal, mano derecha del mandatario en el Senado, propuso fusionar tres de los organismos autónomos más importantes, pese a tener facultades sobre áreas netamente distintas. Morena, el partido del presidente, terminó por congelar la propuesta ante las críticas de la oposición y de la sociedad civil, pero la iniciativa ha alimentado el miedo a una vuelta del presidencialismo omnipotente.

La influencia de López Obrador ya es palpable en ciertas áreas. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), instituciones con autonomía técnica, se han alineado con el Gobierno en todas las decisiones recientes. Hace un mes, el titular del Cenace César Hernández dimitió poco antes de que el organismo autorizara un cambio normativo a petición de la Secretaría de Energía y sin consultar a las empresas afectadas tal y como manda la ley.

Hernández no ha sido la única baja. Ya son varios los titulares de organismos que han renunciado o han sido destituidos por el Gobierno en poco más de año y medio. La más reciente ha sido Mónica Maccise, titular de Conapred. Renunció la semana pasada, tras verse envuelta en una polémica con la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller. En 2019, fue destituido el exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona, después de criticar los efectos de la política de austeridad. Y el expresidente de la CRE, Guillermo García Alcocer, renunció a su cargo cuatro años antes del final de su mandato tras ser acusado públicamente por el presidente de tener “conflictos de interés”.

Es difícil entender el Estado moderno mexicano sin los organismos autónomos. Los primeros se remontan a los estertores del priismo, en la década de los 90. Tras unos resultados electorales de disputada legalidad, el presidente Carlos Salinas de Gortari creó el Instituto Federal Electoral para organizar los comicios de manera independiente. Veinte años después, Enrique Peña Nieto, nueva cara de un PRI supuestamente renovado, propició una segunda generación de organismos más técnicos para regular áreas como las telecomunicaciones y la energía. A su llegada al poder, López Obrador se encontró con una hilera de instituciones; algunas de ellas con un peso determinante en sectores clave para su agenda, opuesta a las reformas liberalizadoras que las crearon.

El mandatario se ha amparado de la austeridad para atacarlas. Ya en 2019, al poco del cambio de Gobierno, se produjo un primer choque por el salario de los funcionarios. López Obrador quería rebajarlos y empleados de varios organismos autónomos se ampararon ante los tribunales alegando que trabajaban para instituciones independientes al poder Ejecutivo. Con la crisis del coronavirus, el Gobierno ha redoblado su política de austeridad para conseguir recursos y las críticas se han vuelto a hacer sentir. “El INE [Instituto Nacional Electoral] es el aparato más caro de organización de elecciones, más caro del mundo”, dijo el presidente este lunes, justo cuando el país se enfila a las elecciones intermedias de 2021, las más grandes de su historia.

Pese a los altos sueldos de muchos funcionarios, el argumento de la austeridad es débil, opinan los expertos. Los ocho organismos autónomos previstos en la Constitución suponen el 0,94% del presupuesto federal, de acuerdo a un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). “Representan una parte muy pequeña. Su eliminación o incorporación al aparato central no generaría cambios importantes”, explica el analista Manuel Guadarrama. Además, Javier Aparicio, investigador del CIDE y aspirante a consejero del INE, apunta a la importancia de un apoyo presupuestario sólido para blindar la independencia. “Tiene que haber eficiencia en el uso de recurso públicos y los organismos autónomos debe de estar sujetos a ciertos estándares de evaluación” dice, “pero reducir su presupuesto puede ser visto como un mecanismo de presión”.

Las críticas al INE preocupan en un país donde la celebración de comicios transparentes es un logro relativamente reciente. El presidente se declaró esta semana a sí mismo “guardián” de los próximos comicios, una facultad que no le corresponde por ley, a lo que el titular del ente, Lorenzo Córdova, respondió: “México ya tiene un guardián de las elecciones, un organismo constitucional autónomo que es garante de nuestra democracia”. El abogado Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México considera que hay un abuso del discurso de la austeridad para debilitar las instituciones que no dependen directamente del Ejecutivo. “México no sería una democracia sin el INE”, explica. “La idea es ir desmantelando esa constelación de autonomías que sirve para acotar su poder y se está actuando sin distinciones, dando un trato parejo a instituciones que merecen una valoración individual”.

El Gobierno también tiene en la diana a aquellos organismos que entorpecen su acción en áreas clave. La Cofece, encargada de velar por el buen funcionamiento del mercado, presentó el lunes un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva política energética del Gobierno que pretende reforzar a la eléctrica estatal frente a las energéticas privadas. “Otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros”, justificó el organismo en una decisión que escalará la tensión con el Gobierno.

Contra los organismos autónomos que estorban la actividad gubernamental, el mandatario ha argumentado supuestos vínculos con “grupos de intereses creados” y su escasa utilidad. El mismo día de la presentación del recurso de inconstitucionalidad, López Obrador se refirió a la Cofece en tono burlón: “¿Cuándo creen que me voy a aprender todas esas siglas?”, declaró, llevándose las manos a la cabeza. A continuación, criticó su lentitud en la resolución de una denuncia contra una empresa: “Entonces, ¿qué hacen?, ¿a qué se dedican?”. Muchos de estos organismos surgieron al calor de reformas que han sido criticadas por el presidente como parte de lo que él tilda de “periodo neoliberal”.

La fortaleza de los organismos frente a los embates del Ejecutivo varía. El Conapred, que no goza de protección constitucional, puede ser fácilmente incorporado a la Secretaría de Gobernación, como ha sugerido el presidente. Eliminar la Cofece, por el contrario, requeriría de una reforma constitucional aprobada por una mayoría de dos tercios del Congreso. En cuanto a los nombramientos, el titular de Conapred apenas requiere del dedazo presidencial, mientras que los consejeros del INE necesitan pasar por un estricto proceso de selección en el que participan expertos y diputados.

Aun así, López Obrador nombró a uno de sus seguidores más vocales, el académico y activista John Ackerman, como unos de los expertos que evaluarán a los aspirantes al INE, lo que ha suscitado dudas sobre la imparcialidad del proceso. “Los roces se puede revertir en contra de la estabilidad y del sistema democráticos”, advierte el economista Juan Carlos Moreno Brid, sobre los ataques a los organismos autónomos. “Un órgano bien diseñado y con capacidad permite que las decisiones se tomen con una visión de Estado”.

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