La ubicua declaración sobre los derechos infantiles en el mundo, promovida y respaldada no sólo por decenas de organizaciones privadas o no gubernamentales sino por la Organización de las Naciones Unidas para la niñez (Unicef),  habla siempre del “interés superior “ de los derechos de los infantes.

En realidad la superioridad de ese interés debe ser de los adultos, pues éstos tienen los controles sociales y políticos para determinar el futuro de los niños. Y no digo de los niños y las niñas porque el idioma español no necesita de esas mamilas “incluyentes”.

Por eso hablamos de los mamíferos; no de los mamíferos y las mamíferas. No lo sean tanto quienes defienden esas nuevas normas de la corrección política. Hasta Jesucristo dijo, “dejad que los niños se acerquen a mi…”; no dijo los niños y las niñas. Bueno, basta.

En los últimos días hemos visto dos asuntos pésimamente atendidos por el gobierno en relación con los niños.

El primero de ellos el del infantil matador cuya mente desorientada y patológica causó la muerte de una maestra en Coahuila y la condena de su abuelo, propietario de un arma con la cual el precoz homicida y a la postre suicida ultimó a la mentora.

El abuelo ya supera en cargos al Chapo Guzmán y hasta le han aplicado una cláusula de “comisión por omisión” de la cual nadie tiene explicaciones jurídicas satisfactorias.

Hace muchos años se supo de un dirigente político que por accidente disparó una pistola con la cual privó de la vida a su hermano y nadie culpó al padre por la imprudencia de abandonar un arma cargada en un cajón  de fácil acceso. Lo mismo sucedió con un caballero cuyos hijos “fusilaron” a la sirvienta de la casa  (o debí decir trabajadora del hogar) mientras jugaban a la revolución.  Esos casos fueron archivados en los expedientes de la imprudencia. Como si no se supiera quién carga y quién descarga las armas de fuego.

Pero en casos de infancia armada como parte de una estrategia de lucha entre grupos delincuenciales bajo el supuesto de la defensa autónoma por encima de las incumplidas responsabilidades del Estado, quien es el obligado a defender a los habitantes del país, nadie parece reparar en la terrible circunstancia de los autodefensivos pobladores de Guerrero, quienes les han puesto no sólo los “cuernos de chivo” a los niños, sino también les han enseñado a usarlos.

Y las armas solamente sirven para matar con ventaja. Para nada más. Es ni más ni menos, un entrenamiento para matar. A plena luz del día y ante el silencio resignado del gobierno estatal, cuyo gobernador es un cero a la izquierda, y un gobierno federal de izquierda con el mismo peso en este caso.

Hasta hoy, como no sea para levantar las cejas (o entonar coros de lamento desde las organizaciones civiles, pías e inútiles), nadie ha hecho nada en contra de los padres de esos niños quienes pública y deliberadamente les han enseñado a sus hijos, en las inmediaciones de los campos amapoleros, la utilidad de las armas y la decisión de usarlas “para defenderse”.

Los Ardillos se dirán también defensivos. Y el cuento nunca va a acabar.

La prensa internacional ha reportado así los hechos (El País):

“…La imagen podría pasar desapercibida en un país sumergido desde hace varios años en un violento conflicto, pero la fotografía reproducida por medios locales es una nueva señal de la descomposición provocada por la inseguridad. Los jóvenes cargaron viejos y oxidados rifles para repudiar el asesinato de diez indígenas nahuas en la región este fin de semana.

“Los menores marcharon junto a unas 2,000 personas con el rostro cubierto por pañuelos y vistiendo el uniforme de la policía comunitaria, un cuerpo armado conformado hace 25 años por pobladores de 16 municipios del sureste de Guerrero e integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Pueblos Fundadores (CRAC).

“Este cuerpo de autoridad alternativa ha hecho frente desde hace varios años a los cárteles de la droga y las organizaciones delictivas que operan en uno de los sitios más pobres del país.

“El añejo conflicto vivió un nuevo capítulo el viernes 17, cuando una decena de personas del municipio de Chilapa fue ejecutada e incinerada. Los muertos trabajaban con el grupo musical Sensación, que había tocado en un poblado vecino, cuando fueron emboscados mientras viajaban en dos camionetas…”

La CRAC no es una organización sin representatividad política institucional: tiene  hasta un escaño en el Senado.