No eran sólo negocio de la dirigente nacional de Morena, Yeidckol
Polevnsky, las adquisiciones de inmuebles planeadas para el partido en
algunos puntos de Chihuahua.
Operó las intenciones inmobiliarias de la presidenta
morenista, como ya se sabe, la expriista secretaria de Finanzas del
Comité Ejecutivo Estatal, Martha Laguette Lardizábal, pero tampoco era
sólo de ella la idea de hacer adquisiciones nuevas para el partido por
un monto nada despreciable superior a los 13 millones.
Morenistas señalan que detrás estaba Augusto Javier Terrazas
Carrillo, un seguidor de las 4T con intereses en Chihuahua y otras
partes del norte del país.
De Terrazas se tienen pocas referencias al interior de Morena,
salvo que es de los “fifís” que, cobijados por Polevsnky, como la misma
Laguette, ingresaron a la cúpula de las decisiones del partido de
Andrés Manuel López Obrador.
A él se le menciona como parte del negocio frenado por la
dirigencia estatal de Martín Chaparro Muñoz, cuando quedaron
descubiertos movimientos sospechosos para adquirir inmuebles.
Todo se hizo en medio de las turbulencias generadas por las elecciones internas, para no llamar la atención.
Es curioso porque Terrazas hizo cierto ruido en redes sociales
a mediados de octubre pasado cuando fue al Tecnológico de Monterrey, de
donde es egresado de la carrera de Leyes, a protestar porque fue
invitado al campus de la “Sultana del Norte” el expresidente Felipe
Calderón.
Fue quien tiró públicamente su anillo de graduación y renegó
de su alma máter, el sistema ITESM, por haber pedido que dictara una
conferencia el “impresentable tomandante Borolas, el genocida Calderón”.
Qué raro que por un lado hace videos en redes sociales de
apoyo a la 4T y por el otro trata de hacer negocios con el presupuesto
de Morena.
El frenón por la fiebre inmobiliaria llegó directo desde el
presidente de AMLO, y fue tan contundente que la responsable de
operarlo, Martha Laguette, o “Larguette”, como le llaman ahora, no ha
regresado a desempeñar su función a Morena. Ni el polvo le han visto.
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Un alza superior al 15 por ciento en el presupuesto solicitado
por el Instituto Estatal Electoral (IEE) hizo que pararan antenas en el
Congreso del Estado y la Secretaría de Hacienda.
Se les hizo un exceso el de los consejeros que encabeza Arturo
Meraz, un intento de servirse con la cuchara grande por 143 milloncitos
de pesos para operación normal, más otros 60 millones para un fondo
destinado a los instrumentos de participación ciudadana.
Bueno, lo del fondo era entendible para no andar dando
lástimas cada vez que haya necesidad de aprobar un plebiscito; justo
como ahora que se atoraron los de Chihuahua y Juárez por falta de
recursos.
Al margen de que querían gordito el fondo, el otro incremento
en el gasto operativo era el que no cuadraba en las oficinas de los
diputados de la Comisión de Hacienda ni en la Secretaría a cargo de las
finanzas estatales.
Había que contemplar por primera vez el voto de chihuahuenses
en el exterior. Eso pasaba, también un poquito inflado, si los
consejeros hacían su luchita de pedir diez pesos para que les aprobaran
tres o cuatro.
Fue hasta que les cayó el veinte de que ya con este
presupuesto comienza la sucesión del desgastado nuevo amanecer de Javier
Corral, que entendieron los números finos del plan de gasto del IEE.
El instituto ya contempla una partida para instalar dentro de
un año las asambleas municipales y declarar abierta la carrera por el
año 2021, fecha que marca el final del régimen más negro que gris del
corralismo.
En suma, lo que busca el IEE es un fondo de contingencias
electorales como las que llegan con la aplicación de la Ley de
Participación Ciudadana y alistar la sucesión que ya está desatada, en
parte por las pasiones políticas, en parte por la incompetencia
gubernamental que no conduce al Estado, menos tiene riendas de su propia
sucesión.
Con ese motivo le van a abrir la llave de los recursos para el
año próximo, no sin antes pasar una obligada tijera a ciertos
renglones.
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Hay un rechazo generalizado en el Cabildo de Juárez a la
instalación y operación de la mina Gloria, que pretende explotar cobre
en Samalayuca.
Pese a ello, los grupos de activistas opositores, como Poder
Ciudadano y otras asociaciones de corte ambientalista, andan
desorientados o mal orientados por personas que quieren llevar agua a su
molino. No se explica de otra forma el intento de presionar en un área
que poco tiene que ver con el tema y que además ha mostrado más posturas
en contra que a favor.
Quienes expiden los permisos de la mina son exclusivamente
autoridades federales. Son ellas contra quienes deben protestar, porque
la administración municipal del independiente Armando Cabada no ha
aprobado ni pretende aprobar resolución alguna, simplemente porque no le
corresponde.
Si acaso se hicieran construcciones tal vez ahí la licencia
correspondiente pudiera ser competencia del Municipio. Y eso incluso
depende del sitio en concreto donde se hagan.
Pero además si el Ayuntamiento se opone a una licencia de
construcción, los que pretenden ejecutar el proyecto minero aún tendrían
el camino del amparo. Otra vez las instancias federales, en este caso
de la justicia.
Por eso es que entre los ediles, que han sido presionados para
rechazar cualquier actuación formal que pretendan, tienen clara la idea
de que los opositores protestan en el lado equivocado.
Tal vez quieren generar la percepción de que es la autoridad
municipal la que tiene la última palabra, pero no tiene ni la primera.
Protestan en el lado equivocado, así de simple, porque la
decisión está en la Subsecretaría de Minería que tiene su sede
precisamente en el estado, así como en la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales. O, si se quiere, está en Palacio Nacional, como se
ha dicho desde el principio.
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Luego de semanas de discusión sobre el apartado de la Ley de
Ingresos de la Federación que daría entrada a la legalización de
“chuecos”, ahora se sabe que habrá regularización y será por decreto
presidencial.
En ello trabajan las secretarías de Hacienda y Economía, con
estimaciones tan absurdas como las que han dado los charlatanes que
viven de la venta de engomados para vehículos importados ilegalmente al
país.
Manejan números tan irreales como que existen de 15 a 18
millones de autos “chuecos” en el país; en Chihuahua hablan de cifras de
hasta 200 mil en total, predominantemente en Juárez, Delicias, Madera,
Nuevo Casas Grandes y Cuahtémoc.
Se ha encargado de proteger a los vendedores de engomados el
morenista Heraclio “Yako” Rodríguez, a la sazón presidente de la
Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Sobre él van las
acciones que habrá de tomar la Asociación Mexicana de Distribuidores
Automotores (AMDA) antes de enfilar las baterías a ciertos senadores y
funcionarios de la administración federal que están dispuestos a pasar
una nueva regularización.
La campaña de la AMDA se enfocará a la vez en mostrar cómo
México se convertirá de esta manera en el patio trasero de Estados
Unidos, terrible estigma con el que siempre ha cargado el país. Pero ni
modo de negarlo porque un nuevo proceso de legalización traería otra
invasión de vehículos de contrabando, como ha pasado en las múltiples
ocasiones pasadas.