No eran sólo negocio de la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, las adquisiciones de inmuebles planeadas para el partido en algunos puntos de Chihuahua.

Operó las intenciones inmobiliarias de la presidenta morenista, como ya se sabe, la expriista secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal, Martha Laguette Lardizábal, pero tampoco era sólo de ella la idea de hacer adquisiciones nuevas para el partido por un monto nada despreciable superior a los 13 millones.

Morenistas señalan que detrás estaba Augusto Javier Terrazas Carrillo, un seguidor de las 4T con intereses en Chihuahua y otras partes del norte del país.

De Terrazas se tienen pocas referencias al interior de Morena, salvo que es de los “fifís” que, cobijados por Polevsnky, como la misma Laguette, ingresaron a la cúpula de las decisiones del partido de Andrés Manuel López Obrador.

A él se le menciona como parte del negocio frenado por la dirigencia estatal de Martín Chaparro Muñoz, cuando quedaron descubiertos movimientos sospechosos para adquirir inmuebles.

Todo se hizo en medio de las turbulencias generadas por las elecciones internas, para no llamar la atención.

Es curioso porque Terrazas hizo cierto ruido en redes sociales a mediados de octubre pasado cuando fue al Tecnológico de Monterrey, de donde es egresado de la carrera de Leyes, a protestar porque fue invitado al campus de la “Sultana del Norte” el expresidente Felipe Calderón.

Fue quien tiró públicamente su anillo de graduación y renegó de su alma máter, el sistema ITESM, por haber pedido que dictara una conferencia el “impresentable tomandante Borolas, el genocida Calderón”.

Qué raro que por un lado hace videos en redes sociales de apoyo a la 4T y por el otro trata de hacer negocios con el presupuesto de Morena.

El frenón por la fiebre inmobiliaria llegó directo desde el presidente de AMLO, y fue tan contundente que la responsable de operarlo, Martha Laguette, o “Larguette”, como le llaman ahora, no ha regresado a desempeñar su función a Morena. Ni el polvo le han visto.

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Un alza superior al 15 por ciento en el presupuesto solicitado por el Instituto Estatal Electoral (IEE) hizo que pararan antenas en el Congreso del Estado y la Secretaría de Hacienda.

Se les hizo un exceso el de los consejeros que encabeza Arturo Meraz, un intento de servirse con la cuchara grande por 143 milloncitos de pesos para operación normal, más otros 60 millones para un fondo destinado a los instrumentos de participación ciudadana.

Bueno, lo del fondo era entendible para no andar dando lástimas cada vez que haya necesidad de aprobar un plebiscito; justo como ahora que se atoraron los de Chihuahua y Juárez por falta de recursos.

Al margen de que querían gordito el fondo, el otro incremento en el gasto operativo era el que no cuadraba en las oficinas de los diputados de la Comisión de Hacienda ni en la Secretaría a cargo de las finanzas estatales.

Había que contemplar por primera vez el voto de chihuahuenses en el exterior. Eso pasaba, también un poquito inflado, si los consejeros hacían su luchita de pedir diez pesos para que les aprobaran tres o cuatro.

Fue hasta que les cayó el veinte de que ya con este presupuesto comienza la sucesión del desgastado nuevo amanecer de Javier Corral, que entendieron los números finos del plan de gasto del IEE.

El instituto ya contempla una partida para instalar dentro de un año las asambleas municipales y declarar abierta la carrera por el año 2021, fecha que marca el final del régimen más negro que gris del corralismo.

En suma, lo que busca el IEE es un fondo de contingencias electorales como las que llegan con la aplicación de la Ley de Participación Ciudadana y alistar la sucesión que ya está desatada, en parte por las pasiones políticas, en parte por la incompetencia gubernamental que no conduce al Estado, menos tiene riendas de su propia sucesión.

Con ese motivo le van a abrir la llave de los recursos para el año próximo, no sin antes pasar una obligada tijera a ciertos renglones.

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Hay un rechazo generalizado en el Cabildo de Juárez a la instalación y operación de la mina  Gloria, que pretende explotar cobre en Samalayuca.

Pese a ello, los grupos de activistas opositores, como Poder Ciudadano y otras asociaciones de corte ambientalista, andan desorientados o mal orientados por personas que quieren llevar agua a su molino. No se explica de otra forma el intento de presionar en un área que poco tiene que ver con el tema y que además ha mostrado más posturas en contra que a favor.

Quienes expiden los permisos de la mina son exclusivamente autoridades federales. Son ellas contra quienes deben protestar, porque la administración municipal del independiente Armando Cabada no ha aprobado ni pretende aprobar resolución alguna, simplemente porque no le corresponde.

Si acaso se hicieran construcciones tal vez ahí la licencia correspondiente pudiera ser competencia del Municipio. Y eso incluso depende del sitio en concreto donde se hagan.

Pero además si el Ayuntamiento se opone a una licencia de construcción, los que pretenden ejecutar el proyecto minero aún tendrían el camino del amparo. Otra vez las instancias federales, en este caso de la justicia.

Por eso es que entre los ediles, que han sido presionados para rechazar cualquier actuación formal que pretendan, tienen clara la idea de que los opositores protestan en el lado equivocado.

Tal vez quieren generar la percepción de que es la autoridad municipal la que tiene la última palabra, pero no tiene ni la primera.

Protestan en el lado equivocado, así de simple, porque la decisión está en la Subsecretaría de Minería que tiene su sede precisamente en el estado, así como en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. O, si se quiere, está en Palacio Nacional, como se ha dicho desde el principio.

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Luego de semanas de discusión sobre el apartado de la Ley de Ingresos de la Federación que daría entrada a la legalización de “chuecos”, ahora se sabe que habrá regularización y será por decreto presidencial.

En ello trabajan las secretarías de Hacienda y Economía, con estimaciones tan absurdas como las que han dado los charlatanes que viven de la venta de engomados para vehículos importados ilegalmente al país.

Manejan números tan irreales como que existen de 15 a 18 millones de autos “chuecos” en el país; en Chihuahua hablan de cifras de hasta 200 mil en total, predominantemente en Juárez, Delicias, Madera, Nuevo Casas Grandes y Cuahtémoc.

Se ha encargado de proteger a los vendedores de engomados el morenista Heraclio “Yako” Rodríguez, a la sazón presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Sobre él van las acciones que habrá de tomar la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) antes de enfilar las baterías a ciertos senadores y funcionarios de la administración federal que están dispuestos a pasar una nueva regularización.

La campaña de la AMDA se enfocará a la vez en mostrar cómo México se convertirá de esta manera en el patio trasero de Estados Unidos, terrible estigma con el que siempre ha cargado el país. Pero ni modo de negarlo porque un nuevo proceso de legalización traería otra invasión de vehículos de contrabando, como ha pasado en las múltiples ocasiones pasadas.