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Sergio Sarmiento Negociar con criminales

Negociar con criminales no, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso se hizo en el pasado y no funcionó, porque la seguridad es responsabilidad del Gobierno y de nadie más, subrayó. Cierto. Por esa razón nacieron los Estados modernos, para proveer la seguridad a sus gobernados, que fue algo en lo que claudicó el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que desde el inicio pactó con criminales, que camuflajeados en la desesperación de los michoacanos que ante la violencia se organizaron en grupos de autodefensa, fueron utilizados para el exterminio de Los Caballeros Templarios. Esa obtusa estrategia, violando las leyes internacionales, puso a Michoacán al borde de la guerra civil en un año.

La historia sirve mucho para evitar errores, a partir de las experiencias vividas. Por eso, el proyecto del Gobierno de López Obrador de dar amnistía y generar empresas productivas en las zonas calientes de la violencia, donde el tejido social se entrevera entre el mundo de la legalidad y el mundo de la criminalidad, estaba sentado sobre un tambor de dinamita con la mecha prendida. El primer paso del plan, construir un parque agroindustrial en La Huacana, donde vejaron y privaron de su libertad a una decena de soldados que realizaba operativos de desarme en mayo, estalló estrepitosamente. No era lo que creían que iba a suceder.

Hace casi tres semanas, una reunión privada, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, describía satisfecha cómo estaban trabajando intensamente con diferentes grupos armados para establecer mecanismos que restablecieran la seguridad y se acabara la violencia. ¿Con grupos armados?, le preguntó su interlocutor. “Hablamos con todos”, respondió. En el encuentro, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, dijo que acababa de dialogar con los grupos de autodefensa en La Huacana, donde había acordado la instalación del parque industrial, y con la Columna Armada Pedro J. Méndez, en Villagrán, Tamaulipas. “Pero ese grupo está ligado al Cártel del Golfo”, interrumpió el interlocutor. “Ellos no son, sino una escisión”, dijo Peralta. “Inclusive me dieron las órdenes de aprehensión contra ellos”.

Peralta tenía razón, pero a medias. De acuerdo con personas que conocen el desarrollo de ese grupo, hace varios meses se fraccionó y la parte que dialogó con el subsecretario se había alineado con Morena. Quienes rompieron con ellos no se vincularon a ningún partido, por lo que, según las mismas fuentes, han sido hostigados permanentemente. Ese grupo es encabezado por los Leales, Octavio Leal Moncada, a quien apodan “El Tarzán” o “El Profe”, Cesáreo Leal Pérez, y Eloy Flores Martínez, que usa el alias de “El Licenciado”. Sin embargo, la escisión no redime de manera instantánea a quienes se acercaron a Morena, en busca claramente de un certificado de impunidad a sus cuentas pendientes.

Es el mismo caso en La Huacana. Aunque el Cártel Jalisco Nueva Generación, que controla la zona, difundió un video donde se desvinculó del grupo que privó de su libertad a los soldados, no quiere decir que quienes lo hicieron estén libres de culpa o sean inocentes.
El ataque a los soldados se dio porque les decomisaron fusiles de asalto, incluidas las mortíferas Barrett de 50 milímetros, de uso exclusivo del Ejército y querían que se los regresaran –condición que se cumplió para su liberación. En ese municipio, junto con los de Buenavista Tomatlán y Tepalcaltepec, nacieron los grupos de autodefensa civil penetrados por el CJNG, que desató la violencia incontenida en 2013 y 2014, que sólo se pudo reducir temporalmente –en la otra cara de la historia–, por la llegada de un comisionado para el Desarrollo y la Seguridad, Alfredo Castillo, que actuó como procónsul. Castillo logró desarmar a quienes no eran parte del crimen organizado, pero nunca pudo hacerlo con aquellos vinculados al cártel, con los que se llegó a un entendimiento tras la liquidación de Los Caballeros Templarios. El que los grupos de autodefensa no sean parte orgánica de los cárteles, no los coloca del lado de la ley ni de actos criminales por los que no tengan que pagar.

La falta de experiencia en el Gobierno y de pericia en el manejo de comunicación, provocó una nueva crisis donde no existía. El plan no era desconocido en Palacio Nacional y la secretaria Sánchez Cordero hablaba con esa confianza. Al explotar el tanque de dinamita sobre el que no se habían dado cuenta estaban sentados, el presidente López Obrador se vio obligado al control de daños. Desautorizó a Peralta y le pidió ajustarse a la Constitución y ceñirse a las leyes. En el gabinete de seguridad de este miércoles se dio la contraorden de mantener el diálogo con los grupos armados y expresó su desacuerdo con el programa de los proyectos productivos. Es decir, reculó sobre una política que él mismo ideó y estimuló.

Pero no está más. Es dialéctico rectificar, porque su problema puede ser más grande. El Gobierno del presidente Donald Trump lo tiene nuevamente en la mira. Lleva casi un mes criticando al Gobierno de López Obrador por carecer de una política más enérgica para frenar el narcotráfico, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha sugerido que podrían certificar una vez más los esfuerzos del Gobierno en esa materia. Como en la migración, se está yendo de bruces el gobierno. A diferencia de la actitud en el tema migratorio, el Presidente está actuando con celeridad. No basta la retórica, pero es una buena oportunidad para corregir y rediseñar la estrategia contra los criminales. Por ejemplo, que los combata, que les cambie los incentivos, que no los apoye ni los tolere, aunque esto se de por omisión y no necesariamente –esperemos– por comisión.

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