En la 4T ya se hicieron bolas con el tema del diálogo con los grupos armados (¿autodefensa o crimen organizado?). Ya no saben cómo dar credibilidad a la fallida estrategia de “abrazos, no balazos”.

Las cifras de homicidios, secuestros, asaltos a mano armada rompen récords, evidencian el fracaso de los abrazos.

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, hizo una extraña declaración en la que admitió que se dialoga con estos grupos. Lo curioso es que se empleó a fondo para convencer de la prisa que traen los violentos por devolver la paz a México.

Se armó tal barullo que el presidente López Obrador tuvo que salir a decir, tajante, que su gobierno no dialoga con criminales. El mero-mero de la 4T le jaló las orejas al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, por haberse reunido con las autodefensas de la Huacana, Michoacán.

Para ponerlo en palabras del gobernador perredista de esa entidad, Silvano Aureoles, Peralta fue al municipio michoacano a “premiar” a los que humillaron e insultaron a elementos del Ejército.

De todo lo que se dijo ayer nos quedamos con el retuit que el expresidente Felipe Calderón le dio al exdirector del Cisen, Guillermo Valdés, para expresar su sentir en cuanto dialogar con grupos armados.

“Al no entender el problema ni poder diseñar una estrategia seria contra el crimen organizado, recurren a la fantasía de que vía un pacto pacificarán al país. Eso revela ignorancia, desesperación e impotencia”.

*Nos enteramos de los “pecadillos de omisión” cometidos por Janine Otálora cuando estuvo al Frente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Resulta que en diciembre del 2013 se firmó un contrato con la empresa Blue Ocean Technologies SA de CV para brindar al Tribunal un sistema de contabilidad robusto, que unificara todas sus áreas y sus salas regionales.

El contrato era por 19.4 millones de pesos. Fuentes del Tribunal nos aseguran que se dio un adelanto de 9 millones 731 mil pesos.

La fecha en que el sistema debía estar en funcionamiento y disponible para los usuarios se fijó para el 26 de julio del 2014. La empresa no cumplió y el contrato fue rescindido.

Blue Ocean entregó el sistema en forma parcial. No cubrió las expectativas y necesidades del TEPJF. Lo lógico hubiese sido pedir un reembolso, que se aplicaran las fianzas, o exigir que se terminara el sistema de acuerdo a los requerimientos del cliente.  No ocurrió.

La empresa se apegó al principio de lo caido caido, sin que la entonces presidenta del Tribunal, Janine Otalora, reclamara o exigiera nada, aseguran fuentes internas.

Para apuntalar los señalamientos, las fuentes nos enviaron copia del Recurso de Revisión Administrativa del TEPJF que cita el Informe de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación en el que se asienta el incumplimiento de la empresa.

Hay otro caso de la Constructora Ruiz Allende SA. También le entregaron un anticipo por 684 mil pesos para la construcción y readaptación de las casetas de control. Quedaron a deber 285 mil pesos por trabajos no concluidos. No hubo reclamo.

Lo mismo con Sistemas y Servicios Modulares. El anticipo de 237 mil pesos para la instalación de equipos de aire acondicionado. No se entregó un solo equipo. No pasó nada.

“No se atendieron las recomendaciones de la ASF durante la administración de Otalora. Once para ser exactos”, puntualizan. ¿Omisión deliberada?

*¿A qué juega el Congreso de Baja California? Aprobó ayer un “consulta popular” para avalar el mandato de cinco años del empresario Jaime Bonilla, elegido por dos.

“El resultado será acatado por esta legislatura como un mandato”, advierte un comunicado del Congreso Local.

Los expertos calculan en 100 millones de pesos el costo de la Consulta. El propio Bonilla nos dijo que el estado está quebrado.

Será financiada, según el comunicado, con aportaciones voluntarias de representantes populares, militantes de partidos y grupos de la sociedad civil. ¡Mmmm!