Baja California solía ser sinónimo de democracia. En los ochentas, junto con Chihuahua, ahí comenzó el largo proceso de democratización en los estados que, eventualmente, terminó con la pérdida del poder del PRI autoritario a nivel federal en las elecciones de 2000. Hoy, en cambio, Baja California se está convirtiendo en sinónimo de regresión autoritaria. Un ejemplo palpable de cómo la democracia puede pudrirse.

Fui testigo de primera mano de la elección histórica en Baja California en 1989. Estuve ahí. Me tocó ver cómo, a pesar de que el gobierno federal se volcó a favor de la candidata del PRI a la gubernatura, acabó ganando la oposición panista.

Era el año uno del sexenio de Carlos Salinas, quien había llegado a la Presidencia después de una elección muy cuestionada. Los de Baja California fueron los primeros comicios de gobernador de un Presidente al que le importaba mucho mantener la hegemonía del PRI. Fueron, también, los primeros de un joven y ambicioso político, Luis Donaldo Colosio, quien se desempeñaba como dirigente nacional del tricolor.

El PRI-gobierno, como solía llamarse a esa poderosa combinación en esos días, echó toda la carne al asador para continuar gobernando Baja California. El Presidente Salinas designó a Margarita Ortega como la candidata priista. Todos los secretarios de Estado peregrinaron a ese estado para apoyarla. El dinero fluyó a raudales.

Pero los bajacalifornianos estaban hartos de tantos malos gobiernos. En Ensenada surgió la figura carismática de Ernesto Ruffo, presidente municipal de esa ciudad. En el verano de 1989 se había estrenado, del otro lado de la frontera, la película de Batman que generó una batimanía. Del lado mexicano, en Baja California, se hablaba de la ruffomanía. El candidato panista a la gubernatura llenaba las plazas. Las encuestas perfilaban una elección peleada con un margen a favor de Ruffo sobre Ortega.

El panista acabó ganando por más de diez puntos porcentuales. Algunos priistas se rehusaron a aceptar los resultados. El sempiterno líder de la CTM, Fidel Velázquez, declaró que ellos habían llegado al poder a balazos y no los sacarían con votos. Salinas, que ya tenía en la mira un posible tratado comercial con Estados Unidos, sabía que el sistema no podía robarse las elecciones como hizo en Chihuahua en 1986.

Al final, aceptó la realidad. Colosio reconoció los resultados. Por primera vez en la historia posrevolucionaria, un candidato no priista se convertiría en gobernador y Baja California en sinónimo de democracia.

Los panistas gobernaron 30 años. Cinco sexenios donde se fue deteriorando la eficacia y honestidad del gobierno. El último gobernador panista, Francisco Vega, acabó siendo muy impopular bajo la sombra de una corrupción generalizada. Después de tantos años de panismo, Baja California estaba lista para la alternancia.

Este pasado junio, el PAN finalmente perdió la gubernatura. El problema es que, desde la campaña, surgió un movimiento para cambiar las reglas de la competencia. La gubernatura en disputa era para dos años con el fin de emparejar el calendario electoral del estado con las elecciones intermedias federales.

Sin embargo, el candidato que iba arriba en las encuestas, el morenista Jaime Bonilla, promovió una serie de recursos para ampliar el mandato a cinco años. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó este grosero intento y decretó una gubernatura de dos años.

Bonilla arrasó en las elecciones. Acto seguido, el Congreso vigente cambió la Constitución estatal para ampliar el mandato del nuevo gobierno a cinco años. Otro grosero abuso de poder. La llamada Ley Bonilla no ha sido publicada por lo que no se ha podido desafiar. Cuando así ocurra, seguramente la Suprema Corte la declarará inconstitucionalidad.

Ahí quedará, sin embargo, el intento de la nueva clase gobernante de Baja California de cambiar las reglas para extenderse su periodo en el poder. No debería sorprendernos. Muchos dentro del círculo de Bonilla son expriistas que, como buenos oportunistas, saltaron al barco de Morena. Ahí está, por ejemplo, su principal operador, Amador Rodríguez Lozano, quien maniobró para que el Congreso ampliara el mandato a cinco años.

Baja California huele a regresión autoritaria. Muchos priistas están de regreso ahora vestidos de morenistas. Como siempre, les importa en un bledo la democracia. Lo de ellos es el poder y no lo van a soltar. Si Baja California fue sinónimo de democracia hace 30 años, hoy es un ejemplo de cómo ésta puede pudrirse en el tiempo.