El caso Rosario Robles, está claro, es un puchero en el que flotan traiciones políticas, ánimos de venganza, chantajes sentimentales, fallas administrativas y choques ideológicos, entre otros ingredientes. Nada de esto, sin embargo, alcanza para eclipsar la realidad: Están perdidos ¡más de cinco mil millones de pesos de todos los mexicanos!

Se esfumaron esos recursos, mediante un modus operandi esquemático, en su mayor parte mientras Robles despachaba en la Sedesol y la Sedatu. Pero la lumbre ya alcanzó los aparejos de Enrique Peña Nieto, José Antonio Meade y Luis Miranda, y amenaza incendiar la pradera.

Se antoja improbable, al menos de momento, que Peña Nieto sea imputado, si —como afirma el abogado Julio Hernández Barros—fue notificado de gruesos hechos de corrupción unas veces por teléfono y otras en asientos de avión, nunca por escrito.

Otro tanto puede decirse de Meade, a quien —de nuevo, según el abogado Hernández Barros—se puso en conocimiento de la Estafa Maestra vía el acta de entrega-recepción, avisándole “en sólo dos líneas”, que “había auditorías pendientes”.

Peña Nieto no se ha visto mal, sino pésimo, ante la situación; patéticamente acobardado, con un mutismo mineral, sin arrestos ni siquiera para hacer una defensa política, pública, caballerosa, de quien fue su colaboradora. Y está por verse cuánto más resistirá antes de acabar chamuscado.

En relación con Meade, la cosa es diferente. Fue exculpado por Santiago Nieto, pero la fiscalía de Alejandro Gertz Manero ya tiene denuncias de la Auditoría Superior que lo relacionan con hechos idénticos a los del caso Robles, conocidos desde la campaña electoral, concernientes a las universidades de Zacatecas y Chiapas.

El excandidato presidencial del PRI visitó, en malogrado sigilo, a Arturo Herrera. Lo hizo acompañado por José Antonio González Anaya, un convencido de que la Estafa Maestra no existe más que como escándalo mediático.

A principio de mayo de 2018, cuando el tema ya cumplía ocho meses —había estallado en septiembre de 2017, en el portal Animal Político—y él medio año al frente de Hacienda, González Anaya minimizó, desdeñó de plano, el trabajo periodístico sobre este asunto.

Según el entonces titular de la SCHP —lo dijo en su despacho a  periodistas— la investigación en que se fundó el reportaje sobre la Estafa… era nada más que una patraña. Porque, “toda esa información, toda, está en el portal de transparencia del gobierno; puede conocerla cualquiera que entre” al portal.

Por lo pronto, hizo bien el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna al decretar la prisión preventiva de la exfuncionaria. Está dentro de sus facultades y el asunto amerita tal fallo por evidencias documentales que suscitan dudas de índole residencial; pero, sobre todo, por la dimensión y gravedad del caso.

En un país con larga tradición en fugas de delincuentes de cuello blanco, en modo alguno resulta descabellado pensar que la extitular de la Sedesol podría emular a César Duarte y Emilio Lozoya, o en su momento a Javier Duarte y Roberto Borge, o más atrás, a Mario Villanueva y a Tomás Yárrington. O a Armando León Bejarano, Arturo Durazo Moreno y Manuel Muñoz Rocha, entre muchos, muchos más.

¿Se imagina alguien la chismografía y las acusaciones al gobierno en el hipotético caso de que Robles —quien para muchos es, en efecto, una estafadora de grandes ligas— estuviese en calidad de prófuga de la justicia en algún lugar del mundo, ­inalcanzable para el brazo de la ley?  

Regatearle al juez su derecho a resolver, en el sentido que lo hizo —como aducen voces claramente interesadas—, apunta a tratar de sembrar el argumento de violación del debido proceso, con miras a cosecharlo en forma de exoneración e impunidad.

Por ello resulta plausible el firme espaldarazo que le dio el Consejo de la Judicatura Federal, así se trate de un sobrino de Dolores Padierna y por afinidad, de René Bejarano.

Es lamentable, en todos sentidos, la situación que atraviesa la destacada política proveniente de la izquierda más radical, a quien —justo es reconocerlo— hasta ahora nadie le atribuye haberse robado ni un solo peso.

La imputación legal en su contra apunta a un desempeño deficiente de su encargo, ya sea por negligencia, incompetencia o complicidad.

Y, desde el punto de mira político, se presumen omisiones suyas para dejar hacer a algunos de sus colaboradores, en beneficio político-electoral —y patrimonial— de terceros.

En medios de opinión la Estafa Maestra, en cuyo epicentro se halla Robles, ha dado pie a la suposición de que es consecuencia únicamente de la “traición” política a Andrés Manuel López Obrador y un supuesto afán de revancha del mandatario.

Supuesta traición que se habría traducido en toda una gama de acciones del grupo político hegemónico, en el ­inútil empeño por minar el camino del tabasqueño al poder.

Obstinación ésta en la que jugó papel estelar Carlos Ahumada, con quien Robles —a juzgar por desencuentros públicamente ventilados—vivió una relación de tango, de amargo desenlace, con una grela engrupida por un rufián.

En el terreno ideológico, sus antiguos camaradas le recriminan a la política recluida en Santa Martha el haber transitado del maoísmo al priismo empanizado.

Como si tal transformación significase un caso único, no una harto extendida práctica de contorsionismo político, parecen solazarse en la desgracia de la exfuncionaria, prestos a cantarle aquello de “vos rodaste por tu culpa/ y no fue inocentemente”.

Al analizar este espeso caso de corrupción no faltan quienes lo interpretan como resultado exclusivo de las vicisitudes de índole estrictamente personal en la azarosa biografía de la exsecretaria de Estado.

Tal como cuando, al citarse el nombre del excandidato presidencial del PRI, aparecen quienes aducen que es un hombre honesto y un político sin mácula, además de un economista de excepción, a quien por razones electorales se busca llenar de lodo.

O, si de Peña Nieto o Miranda se trata, hay quienes alegan persecuciones y cortinas de humo para esconder incompetencias y deficiencias del presente.

Pierden de vista lo esencial quienes así proceden: En las arcas públicas faltan más de cinco mil millones de pesos. Y es imprescindible determinar dónde quedaron.