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Columna / « El Diario Cambia de aeronaves como cambia de calcetines»
    Fecha: 26 de Junio del 2019 | Reportero(a) Manuel J. Garcia

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El Diario Cambia de aeronaves como cambia de calcetines
El Diario Cambia de aeronaves como cambia de calcetines

 
 Javier Corral ha perdido por completo el piso en materia de austeridad y modestia. El sábado usó dos aeronaves del Gobierno estatal para trasladarse de la ciudad de Chihuahua a Temósachi, Madera y Ciudad Juárez. Lo hizo como cambiar de calcetines... pero con cargo al presupuesto público.
 
Salió contraproducente la recomendación que recibió una semana antes en Camargo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador: viajar vía terrestre para darse tiempo de revisar el estado que guardan las carreteras y evitar el altísimo costo que representa el combustible y mantenimiento de aviones y helicópteros.
 
Ayer manejamos en este espacio la molestia que provocó el gobernador por iniciar dos horas tarde la inauguración de un puente en Temósachi. Le dio prioridad durante la mañana a jugar tenis en “la Deportiva” de la ciudad de Chihuahua.
 
Corral Jurado arribó a aquella población ubicada por carretera a unas tres horas de Chihuahua en el helicóptero Bell 407. Voló de ahí a Madera en el mismo aparato donde lo esperaba uno de los sacerdotes favoritos de Palacio, Camilo Daniel, para “bendecir” las fiestas patronales.
 
Pero algo no le agradó al gobernador del helicóptero (del cual tenemos una imagen en versión digital cuando lo usó semanas antes para acudir a Batopilas) y mandó pedir otra nave de la flotilla perteneciente al Gobierno estatal para trasladarse de Madera a Ciudad Juárez. Acá fue visto aterrizar en uno de sus favoritos, el avión Turbo Commander 1000.
 
Ya no se detiene en gastos el gobernador aunque la tesorería del estado sufra de temblores intensos por exceso de gasto y falta de ingresos. Se mantiene al punto de la quiebra.
 
De plano Corral aventó al olvido aquel 19 de enero del 2017 cuando presidió la famosa conferencia de prensa para firmar el “acuerdo” de 32 medidas de austeridad entre las que se incluía la venta de la flotilla aérea.
 
Las siguientes fueron sus palabras: “se hizo necesario el acuerdo ante la severa crisis en el presupuesto a la que nos enfrentamos, fruto del estado de bancarrota y latrocinio en que nos heredaron las finanzas estatales, POR LA ACCIÓN INESCRUPULOSA DEL DISPENDIO, DERROCHE Y LA CORRUPCIÓN, por lo que resulta imperante tomar medidas extraordinarias y audaces al respecto”.
 
Ahora el que ha incurrido en todo ello es el propio mandatario de extracción panista. Popularmente dicho: ha escupido para arriba.
 
***
 
Después de los alcaldes Armando Cabada y María Eugenia Campos, los más sorprendidos con la decisión del plebiscito fueron los diputados locales.
 
El enredo es histórico por la laguna que encierra, producto nada más y nada menos que del mismo Congreso del Estado.  
 
En la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuyos hilos mueven el panista Jesús Valenciano y el morenista Miguel Ángel Colunga, ya planchaban un acuerdo con candados para los sistemas de alumbrado público de Juárez y Chihuahua.
 
Es más, dicen que hasta le habían puesto fecha tentativa de mediados de julio para un período extraordinario, cuando les llegó la noticia de los consejeros del Instituto Estatal Electoral.
 
La decisión del IEE, que tiene múltiples puntos bastante cuestionables, no detiene directamente el proceso de dictamen en el Legislativo.
 
Legalmente a nada obliga a los diputados, que pueden seguir en el estudio y análisis de los proyectos de alumbrado público de la frontera y la capital.
 
Pero moral y políticamente ya le puso freno, pues ahora tienen miedo de dictaminar a favor antes y que se realice el plebiscito después, pues eso pone la moneda en el aire.
 
Lo irónico es que la Ley de Participación Ciudadana en la que se basa la determinación del IEE es producto de los legisladores. Fueron ellos quienes no previeron la enorme laguna jurídica.
 
Ahora la resolución del IEE es atacable jurídicamente, igual que la decisión que tomen los legisladores.
 
En suma, el plebiscito –producto de la norma de participación ciudadana, tan presumida por los diputados como una ley de avanzada y ejemplo nacional– les salió por la culata.
 
 
***
 
La decisión del Instituto Electoral en el tema anterior sin duda tuvo la instrucción del gobernador Javier Corral. No se mueve una hoja en este órgano si no es por el visto bueno del mandamás en Palacio de Gobierno.
 
Y todavía más allá, prácticamente al mismo tiempo que sesionaban los consejeros electorales para dar entrada a la posibilidad de preguntar a la ciudadanía mediante plebiscitos si aceptan o no los nuevos alumbrados públicos de la ciudad de Chihuahua y Juárez, en esta frontera comía el gobernador Javier Corral en el restaurante Rocco, propiedad nada menos que del principal impulsor de la consulta, el empresario Miguel Fernández.
 
Dicho empresario es titular también del Plan Estratégico de Juárez, cuyos directivos presentaron ante la instancia electoral justamente la solicitud para que el plebiscito sea llevado a cabo.
 
***
 
La sentencia de amparo de la jueza Matilde del Carmen González, titular del Juzgado Décimo de Distrito, era previsible.
 
La juzgadora determinó que debe anularse el proceso de selección de 56 jueces estatales, designados en aquel rimbombante proceso que duró de abril a agosto del año pasado, organizado por el Consejo de la Judicatura del Estado, que tan mala fama se ha ganado desde que comenzó a operar las decisiones del Poder Judicial como una especie de poder constitucional adicional.
 
La decisión de la justicia federal, aún atacable, se orientaba a un fin desde las primeras demandas de amparo presentadas por 11 jueces provisionales afectados con el proceso que representó su remoción.
 
Ya habían ganado amparos, tres de Chihuahua, dos de Juárez, uno de Delicias y otro de Guerrero. La determinación judicial se dirigía a proteger al resto y luego a echar por la borda todo el procedimiento de designación que se le achaca a la consejera de la Judicatura favorita del Palacio, “Lucha” Castro.
 
Era sólo cuestión de tiempo, pues.
 
Al margen de la forma en que deba resolver el entuerto el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pablo Héctor González, hay otro asunto sobre el que demandan atención los operadores administrativos de la justicia estatal.
 
A los jueces amparados se les deberán pagar millones de pesos por su reinstalación, producto de salarios caídos. A esto deberán sumarse lo que demanden los demás removidos dentro del proceso para designar nuevos.
 
A los jueces designados por la Judicatura ya se les pagó lo que va del año también millones de pesos. Pero además están en posibilidades de demandar violaciones a sus derechos laborales, por darles el dulce y luego quitárselos, al resultar sus nombramientos producto de un procedimiento inválido.
 
¿Y quién va a pagar la cuenta? Los gastos de estas decisiones políticas sobre las rodillas, conectadas hasta el Palacio de Gobierno, no están contemplados en el presupuesto, eso es un hecho.
 
 
***
 
Mientras la atención se centra en el camino al norte del estado, es decir a Juárez, los accesos a otras fronteras están abiertos a la circulación de migrantes y drogas.
 
Los agentes de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración se quejan de que misteriosamente fueron movidos a cubrir rutas específicas para operativos de revisión de camiones, en busca de migrantes que ingresaron de forma irregular al territorio nacional.
 
Pero la carretera libre Chihuahua-Ojinaga, por donde también pasa el tráfico ilegal de drogas, armas y personas, se dejó sin revisión alguna.
 
En efecto la ruta hacia Juárez, desde el sur del estado; hacia Palomas, en el municipio de Ascensión y otros ramales carreteros al norte, son los que concentran mayor flujo de personas, sobre todo inmigrantes de países de Centroamérica.  
 
En ellos están enfocados operativos de detección, por el acuerdo de México y Estados Unidos para la contención del flujo migratorio.
 
Pero les llama la atención que una carretera en especial se haya dejado a la deriva. Por ahí puede pasar de todo, de ida o de vuelta.
 
La decisión podría ser mero descuido por haberse tomado a nivel central. Pero a otros les huele mal, como que hay gato encerrado, relacionado con las mafias dedicadas a ciertos negocios bastante turbios.
 
***
 
Nada más fifí que el restaurante Ardeo ubicado en La Morín. Ahí comieron el lunes la subsecretaria de Economía federal, Luz María de la Mora, y varios integrantes de su equipo que la acompañaron a Juárez para sostener una serie de discretas reuniones con directivos de Index, funcionarios federales, estatales y municipales.
 
Parece que ahora sí tratarán con la seriedad requerida el famoso decreto fronterizo, o zona libre, que nomás no se ha traducido en beneficios reales ni para las empresas ni para la población.
 

 

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